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La defensa de Garzón pide el fin de la instrucción "inquisitorial" de Varela

Martínez-Fresneda reclama el archivo de la querella por investigar el franquismo

El abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, defensor del juez Baltasar Garzón, presentó ayer en el Tribunal Supremo un duro escrito dirigido al instructor del alto tribunal Luciano Varela, en el que le pide que ponga fin a la "instrucción inquisitorial", "prospectiva" e "infinita" que viene practicando, al tiempo que le reprocha la entrega a los ultraderechistas de Manos Limpias y Libertad e Identidad de datos de las víctimas del franquismo. Martínez-Fresneda reitera a Varela su petición de que concluya ya la instrucción y archive la causa contra Garzón por inexistencia de delito.

Según el abogado de Garzón, en esa instrucción de Varela "abierta al infinito" se piden documentos y una vez que se incorporan a la causa "se buscan nuevos indicios de nuevas irregularidades, se piden normas y actas de reparto" y, así, los querellantes "siempre terminarán encontrando una nueva sospecha que alimente una duda razonable contra el juez imputado".

Uno de los resultados de la "deriva prospectiva" de la causa contra el juez de la Audiencia Nacional ha sido la entrega a unas asociaciones querellantes de "sesgo ultraderechista" de documentos, correspondencia y datos de las diligencias contra el franquismo. En la causa figuran los datos personales -nombre, apellidos y domicilio- de centenares de víctimas que comparecieron ante Garzón reclamando justicia por los crímenes franquistas y de las personas que están coadyuvando a la localización de restos.

En otro apartado, Martínez-Fresneda dice que no alcanza a entender qué interés puede tener para la causa por prevaricación contra Garzón una denuncia presentada el 13 de diciembre de 2006 por un particular, Marcial Muñoz, que correspondió al juez central número 2, Ismael Moreno, sobre la "supuesta culpabilidad del Gobierno anterior en el atentado del 11-M".

Sin embargo, Varela reclamó de inmediato a la Audiencia Nacional todos los datos sobre esa denuncia. Según parece, esa misma persona formuló otra querella días después por los crímenes del franquismo, y Varela, al saberlo, sospechó que las dos querellas eran sobre los crímenes del franquismo, para que le llegasen a Garzón. Al reclamar todos los antecedentes, se llevó el chasco de que los dos escritos no tenían nada que ver uno con otro y habían correspondido a dos jueces diferentes de la Audiencia.

Martínez-Fresneda insiste en que Garzón no está imputado "por una supuesta alteración del reparto de asuntos de la Audiencia", lo que no ha impedido la insinuación, "tan grave como gratuita", de que habría maniobrado para quedarse indebidamente con el asunto.

El abogado de Garzón recrimina después al juez instructor Varela que esté practicando una "instrucción que se inclina por la pura prospección, en una variante propia de un proceso inquisitorial". "Desde hace meses, la causa se ha embarcado en la práctica de las más diversas diligencias de prueba", dice, "no tanto para probar lo que ha pasado, sino realmente, para probar a ver qué pasa".

El defensor denuncia después el "retardo injustificado" que está sufriendo la causa ante las iniciativas "estrafalarias" de Manos Limpias, como la citada sospecha de conexión con una denuncia del 11-M o el intento de conectar la investigación del franquismo con el rechazo de la querella por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, que no son objeto de imputación y cuyo archivo no fue nunca impugnado.

Garzón rechazó la querella sobre Paracuellos ante la falta de "un rigor jurídico mínimo exigible". Cosa que no parece "cuestionable", según su abogado, dado que la querella se dirigía contra el PSOE, el PCE, el Estado español y la Comunidad de Madrid por delitos de genocidio, tortura y terrorismo.

Papeles para los 'ultras'

A las asociaciones de la memoria que promovieron la causa contra los crímenes del franquismo en la Audiencia no se les ha permitido ser parte en el proceso se sigue en el Supremo contra Garzón. Sin embargo, este tribunal ha facilitado los documentos que esas asociaciones aportaron sobre miles de víctimas de crímenes de la dictadura a Manos Limpias y Libertad e Identidad, colectivos que los represaliados consideran franquistas. Las asociaciones pidieron al Supremo que no facilitara esa información. Permitirlo, dicen, atenta contra la intimidad de las víctimas y revela datos secretos a quien no es parte en la causa contra Franco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de diciembre de 2009

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