El acuerdo de la muerte digna pasa por la objeción y las dolencias incurables

Las enmiendas presentadas por cada grupo al proyecto de ley de muerte digna auguran una negociación larga y en la que todos tendrán que ceder algo si, como pretende el Gobierno, se aspira a una norma de consenso. Ni el PP ni IU quieren tampoco oponerse a la ley, por lo que deberán sentarse para dar con un texto que reúna las aspiraciones de todos, que, en algunos aspectos, están muy alejadas.

El PSOE y la Consejería de Salud están ya estudiando las 43 enmiendas (18 del PP, 21 de IU y cuatro del PSOE), pero todavía no han tomado ninguna decisión. "Incorporaremos todas las que podamos para tener el máximo consenso, pero siempre que no se desvirtúe en nada el espíritu de la ley", señalaron fuentes de Salud.

Uno de los puntos en los que el acuerdo va a ser más difícil es, a la vez, uno de los aspectos a los que no quiere renunciar el PP: que se regule la objeción de conciencia de los médicos. Cuatro de las 17 enmiendas que ha presentado van encaminadas a que se incluya este derecho, para el que pide que se cree un capítulo 1 nuevo. El texto redactado por los populares pretende garantizar la objeción de los médicos y del personal no sanitario y que la Administración sanitaria "dirija" al paciente a otro personal para responder a su demanda. Sin embargo, IU ha dejado claro en la tramitación del proyecto que no aceptará la objeción. El PSOE tampoco la quiere, pero va a "estudiar" el texto del PP por si hay algún margen de negociación, según señalaron ayer fuentes de la Consejería de Salud y la parlamentaria socialista Rosa Ríos, ponente de la ley por parte socialista.

"Siempre hemos dicho que esta es una ley que regula buenas prácticas que, además, ya se aplican, por lo que no cabría la objeción", recuerdan fuentes de Salud. Con todo, no se cierra la puerta a que la negociación política desemboque en alguna fórmula que contente a todos y que, probablemente, se referiría más a la "libertad de conciencia" que a la "objeción".

Entre las enmiendas de IU hay también algunas que sobre el papel se antojan peliagudas: las que proponen que los beneficiarios de la ley no sólo sean las personas "en una situación terminal o de agonía", como recoge el proyecto, sino también los afectados por una "enfermedad grave e irreversible", como podrían ser enfermos de cáncer en fase no terminal o de algún tipo de dolencia degenerativa. Salud y el PSOE estudian si esta modificación supone ir más allá de lo que la legislación vigente permite. "No lo tenemos claro, hay que estudiarlo con mucho cuidado", admite Rosa Ríos.