La consulta independentista

La consulta organizada el pasado domingo en 166 municipios catalanes por diversas asociaciones independentistas formuló una pregunta inequívoca: "¿Es partidario de que la Nación Catalana sea un Estado de derecho independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?". Los críticos perderían el tiempo si intentaran demostrar la evidencia de que esa iniciativa no es un referéndum: tal pretensión la impide el clamoroso incumplimiento de los requisitos jurídicos exigibles a la convocatoria y de las garantías administrativo-judiciales en el recuento.

Entre las peculiaridades ofrecidas por el procedimiento alegal de democracia directa celebrado en los 166 municipios catalanes figuró el propósito de dar voz no sólo a los ciudadanos con derecho a votar en un referéndum, sino también a los nacionales entre los 16 y los 18 años y a los inmigrantes empadronados en los ayuntamientos. Resulta obvio recordar que la consulta habría carecido de eficacia jurídico-constitucional de haberse celebrado en toda Cataluña aun logrando la victoria: una decisión de tal calado necesitaría -además del referéndum propiamente dicho- una reforma de la Constitución habilitadora para esa eventual segregación territorial. En términos legales, la única cuestión a despejar es saber si esas consultas pueden ser impugnadas e impedidas por la vía contencioso-administrativa o perseguidas -como amenazó el último Gobierno del PP- por la vía penal.

El resultado de la consulta ha sido decepcionante para sus organizadores

Una primera convocatoria de carácter experimental movilizó en septiembre a 2.671 vecinos de Arenys de Munt con un 41,1% de participación y un respaldo del 96,2%. El domingo contestaron 200.000 habitantes de 166 municipios (sus 700.000 censados representan el 13% de la población de Cataluña), con una participación del 27% y un voto afirmativo del 94%.

El resultado ha sido decepcionante para los organizadores, que albergaban grandes expectativas. El independentismo detectado por los sondeos de opinión se mueve en torno al 20% en toda Cataluña; ahora bien, la muestra de municipios elegida para la consulta del domingo (en torno a la quinta parte de los ayuntamientos catalanes) se hallaba intencionadamente sesgada a favor del soberanismo a causa del predominio nacionalista en la zona y por la ventaja de los núcleos rurales sobre las escasas villas de tamaño medio. A la desilusión producida por la mediocre cosecha de votos que recogió la consulta en las urnas se unieron después los reproches cruzados entre sus organizadores para culparse mutuamente del descalabro: la propuesta de solicitar al Parlamento catalán la convocatoria de una consulta vinculante el próximo 25 de abril empieza a perder apoyo.

En cualquier caso, la perspectiva de alcanzar a medio o largo plazo la independencia de Cataluña dentro de la Unión Europea a través de las urnas y mediante negociaciones pacíficas está ya inscrita -guste o no- en la agenda política. Después de tres décadas de funcionamiento de las instituciones de autogobierno, las reivindicaciones soberanistas han sido incorporadas como una reivindicación democrática más al equipaje ideológico y emocional de una parte de los votantes que no vivieron la transición. A partir de la muerte de Franco, todos los gobiernos han repetido hasta la saciedad -con el respaldo de la jurisprudencia constitucional- que el secesionismo tiene cabida en el marco constitucional bajo dos únicas condiciones: que renuncie al empleo de la violencia y que respete las vías de reforma establecidas. Y conviene recordar que el independentismo catalán cortó desde muy pronto con el terrorismo.

Los partidos catalanes, convidados de piedra a la jornada del domingo (aunque dirigentes de ERC y de CiU se sumaran a título particular al festejo), vinculan de forma poco convincente esa boga del soberanismo a los temores a una sentencia del Constitucional contraria a la integridad del Estatuto. Parece más probable que el clima populista donde tratan de medrar personajes tan inquietantes como Joan Laporta -voluntario para encabezar un movimiento independentista como líder carismático- sea consecuencia de la pérdida de prestigio de unos partidos recorridos por el fantasma de la corrupción. Pero los peligrosos brotes populistas en la Europa democrática enseñan a CiU, ERC y PSC que esas hogueras no se apagan con demagogia ni tampoco arrojando gasolina sobre las llamas.