El PP urbano presiona para tumbar el plan de Educación sobre el gallego

Sucedió en vísperas del Día das Letras. El jueves anterior, Alberto Núñez Feijóo deparó, ya como presidente, la primera foto amable al mundo de la cultura, tras meses de campaña feroz contra el decreto del gallego. El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, presentó en un acto que no admitió periodistas -sólo retratos oficiales de la Xunta- a Anxo Lorenzo, un sociolingüista con gran prestigio académico y antiguo colaborador del PSdeG, como nuevo secretario general de Política Lingüística.

Fue la escenificación de un pacto previo alcanzado horas antes entre Feijóo y el propio Lorenzo que exigía algunas contraprestaciones del jefe del Ejecutivo. La primera y esencial, un decreto a consensuar con la oposición, que promoviese el gallego en los colegios, lejos de las tesis de Galicia Bilingüe, que el PP abrazó en sus mítines para evitar una fuga de votos hacia el partido de Rosa Díez. Ambos acordaron las líneas generales de ese decreto, que partía de que un tercio de las asignaturas lo impartiesen los colegios en cada idioma: gallego, castellano e inglés. Si faltasen profesores para este último cupo, la norma establecería un reparto equilibrado entre los dos idiomas y se estudiaría la posibilidad de dar voz a los padres en determinadas materias. Se suprimía además la obligatoriedad de impartir en gallego todas las troncales.

Esa era a principios de junio la fórmula de Feijóo y Lorenzo para pacificar el enconado enfrentamiento sobre la lengua y buscar un acuerdo al menos con el PSdeG. Pero han pasado seis meses, dos multitudinarias marchas en defensa del gallego y una encuesta contratada por la Xunta que registró una abstención mayoritaria, y está a punto de expirar el plazo que el presidente se dio a sí mismo para derogar la legislación del bipartito, y no hay acuerdo en el PP ni en el Gobierno para abordar la futura norma.

El proyecto de decreto de Lorenzo, que apoya tímidamente el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, apenas cuenta con el aval de un puñado de galleguistas, de los que aún quedan en el partido. Gente sin ascendencia sobre Feijóo y escaso peso en la gestión diaria como el presidente provincial de Lugo, Xosé Manuel Barreiro, el alcalde de Lalín, Xosé Crespo, y algunos parlamentarios contados como Agustín Baamonde, o el vicepresidente de la Mesa, José Manuel Baltar.

Frente a ellos, toda la cúpula del PP, desde el propio secretario general y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, al presidente del PP coruñés, Carlos Negreira, un hombre muy próximo a Feijóo, la mayor parte de los conselleiros -los más activos, Pilar Farjas y Javier Guerra-, cargos intermedios del Gobierno gallego y el entorno de Corina Porro en Vigo presiona para que el decreto asuma el programa electoral sin quitar una sola coma y consagre la libertad de elección de los padres. Fuentes de la Xunta aseguran que es Negreira quien más empeño ha puesto en frenar los planes de Política Lingüística desde una ciudad donde las campañas contra la promoción del gallego siempre han tenido más amplificación. Él lo niega porque defiende que Feijóo "sabe bien" cuáles son sus demandas.

Que pasan básicamente por garantizar "el derecho de los padres a elegir la lengua materna" y el de los alumnos a dirigirse al profesor y hacer todos los exámenes en castellano salvo el de gallego. Unas propuestas que no casan con lo pactado en mayo. Fuentes próximas al presidente sostienen que incluso él está cambiando de opinión, empujado por el partido, ante la cercanía de unas municipales en las que se la juega en las siete ciudades. El sábado, en Lugo, presumió que con él "la gente habla en lo que le peta, no en lo que le dice un Gobierno". Él, tras haberse centrado en las cajas, tiene ahora la última palabra. Tal y como se ha enconado el debate, es seguro que no contentará a todos, ni siquiera en el PP.