El vicepresidente del Poder Judicial apoya la alimentación forzosa

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, sostiene que, en una colisión entre el derecho a la vida o a la muerte de una persona inconsciente, "debe prevalecer el derecho a la vida". De Rosa se refiere a la situación en que se halla la activista saharaui Aminetu Haidar, en huelga de hambre desde hace 24 días en el aeropuerto de Lanzarote porque Marruecos la expulsó del país y le impide volver a su casa del Sáhara Occidental con sus hijos.

De Rosa opina que, estando ella consciente, hay que respetar su voluntad de no recibir alimentación, pero que el escenario cambiaría si la activista de derechos humanos pierde la consciencia. En esa colisión de derechos, el de la vida y el de la muerte, De Rosa se decanta "por el derecho constitucional a la vida", y entiende que "el juez, tras volver a evaluar el estado de la afectada, puede ordenar su alimentación forzosa".

Según De Rosa, hay jurisprudencia que respalda que una persona rechace su alimentación y otra que apoya la alimentación forzosa cuando el afectado está inconsciente. El número dos del órgano de gobierno de los jueces españoles recuerda casos como el de los presos del GRAPO, que se declararon en huelga y que el Estado, como responsable de velar por sus vidas, decidió alimentar por la fuerza tras obtener resoluciones judiciales en ese sentido.

Haidar ha anunciado ante notario su deseo de no ser alimentada aun después de perder la consciencia y ha señalado, a través de su abogada, que denunciará al juez si éste ordena alimentarla. De Rosa destaca que "en absoluto" el juez incurriría en responsabilidad penal alguna si tomase esa decisión. "Sería una decisión jurisdiccional, y contra ella sólo cabe recurrir a una instancia judicial superior".