Asimelec: "Cualquier actuación debe de estar sujeta a la tutela judicial"

La Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Asimelec) cree que el texto que hace mención al derecho a la propiedad intelectual incluido en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible del Gobierno no acomete de manera clara y decidida la resolución de este problema a largo plazo.

Para la patronal, el conflicto que plantea la protección de la propiedad intelectual en la Red, no es únicamente un problema legal, sino que debe de tener en cuenta los usos y las tendencias de acceso a los contenidos de los usuarios de la red. En este sentido, Asimelec cree que cualquier intento de solucionar la situación limitándose a medidas restrictivas no solucionará la situación, sino que por el contrario enfrentará de manera aún más radical a los usuarios con la industria y con la administración pública.

La patronal cree que la situación creada entre la sociología del usuario de la red y los derechos de propiedad intelectual de autores ha llegado a un punto que exige un cambio profundo de los modelos de negocio de los contenidos culturales actuales, ya que queda bien demostrada la inviabilidad del mismo.

Para la patronal, la única opción posible es la del diálogo y la colaboración de todas las partes implicadas.

Según Martín Pérez, presidente de Asimelec "hay que buscar a través de la cooperación entre todos los agentes económicos implicados, nuevos modelos de negocio para la explotación de los contenidos digitales en la red, que garanticen la propiedad intelectual y la sostenibilidad de la industria cultural".

Según Asimelec, paralelamente al desarrollo de nuevos modelos de negocio que resulten atractivos para los usuarios, es necesario incidir de manera decidida en la sensibilización y en la educación de los consumidores sobre el respeto a los derechos de autor, como pieza fundamental para el desarrollo y la extensión de contenidos de calidad.

Asimelec cree que cualquier reforma legal que aborde el Gobierno debe de ser compatible con los derechos de los usuarios (intimidad, privacidad y protección de datos), por lo que cualquier actuación debe de estar sujeta a la tutela judicial.

Asimelec representa a más de 3.000 empresas que dan trabajo directo a 300.000 personas y su facturación supone en torno al 4,5% del PIB de España.