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Tensión entre España y Marruecos

El Gobierno pide al juez la alimentación forzosa para evitar un desenlace fatal

Un magistrado acude al aeropuerto para examinar la salud de la saharaui

Un juez, un médico forense, un secretario judicial, dos policías y un intérprete irrumpieron anoche en el aeropuerto de Lanzarote para examinar el estado de salud de Aminetu Haidar. La Delegación del Gobierno en Canarias anunció, en un comunicado enviado más tarde, que había sido este organismo el que había solicitado la intervención del juez con el fin de que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física" de la activista. "Entre esas medidas", señala la nota, "debe incluirse el ingreso en un centro hospitalario y, en todo caso, la realización de cuantos controles se estimen necesarios". Y termina: "El peligro que para la vida e integridad física supone el mantenimiento de su actitud obliga a una actuación urgente de asistencia sanitaria".

La voluntad del Gobierno es que, si llega un momento en que sea preciso y siempre bajo tutela judicial, Haidar reciba alimentación forzosa, según confirmaron fuentes del Ejecutivo. España, después de intentar en vano que Marruecos aceptara el regreso de la activista, ha renunciado al conflicto diplomático y ahora se centrará en evitar la muerte de Haidar.

Al ver al juez, al forense y a los policías entrar en tropel y expulsar a la asistente de Haidar del cubículo donde ésta mantiene la huelga de hambre desde hace 22 días, la saharaui les advirtió: "Éstos son métodos marroquíes. No deseo más tratamiento médico que el que estoy recibiendo [del director del hospital insular de Lanzarote] y no quiero ser ingresada. Soy dueña de mi voluntad y de mis actos". Según la abogada Lola Travieso, el juez le respondió que va a respetar su voluntad.

La delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, había preguntado recientemente a Presidencia del Gobierno si existe algún protocolo de actuación en estos casos. Le respondieron que, si la vida de la activista corriera grave peligro, existiría la posibilidad, e incluso la obligación, de pedir la intervención del juez, que es quien puede ordenar la alimentación de alguien contra su voluntad. El estado de salud de Haidar,según el parte médico, "se deteriora por momentos". Se arriesga a sufrir daños irreversibles.

Horas antes de llegar el juez, un médico y cinco ATS de emergencias se habían presentado en el aeropuerto con una ambulancia para ofrecer a Haidar atención médica, que ella rechazó. Fuentes de la plataforma de apoyo a la activista señalan que la imposición de la alimentación forzosa llevaría a una batalla judicial.

La situación carece de precedentes, pues en España las huelgas de hambre las han hecho siempre reclusos (como el etarra Iñaki de Juana Chaos o los presos de los GRAPO), por cuya integridad física debe legalmente velar la Administración penitenciaria. Aun así, la alimentación debía hacerse "sin el empleo de la fuerza física y sin vulnerar su dignidad".

Hernán Hormazábal, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Girona, cree que la alimentación forzosa sería equivalente a una coacción, informa Juan Diego Quesada. "¿Cómo podría un juez dar una autorización de esta naturaleza? No hay conflicto entre personas. Es un asunto no contencioso en el que el juez no tiene competencia", alega. Miguel Ángel Fernández Valencia, profesor de Derecho Constitucional de la Complutense, sostiene por el contrario que a Haidar "no se le puede dejar morir" y que, si no puede decidir por sí misma, los médicos están obligados a intervenir para salvarla.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de diciembre de 2009