La crucifixión de Diego P.

El sumario ajusticiamiento de Diego P. comenzó una hora después de que irrumpiera en la sala de urgencias de El Mojón suplicando por su hijastra Aitana R., de tres años, que se le moría en brazos. El hombre, de 24 años, albañil en paro, llegó corriendo al centro sanitario a las 21.43 del pasado 24 de noviembre desde el municipio tinerfeño Costa del Silencio, a 18 kilómetros de distancia, y salió a las 22.40 del mismo día esposado por la Guardia Civil, rumbo a los calabozos de Playa de las Américas como presunto autor de un delito de maltrato infantil y abusos sexuales. La noche de autos Diego tenía mala pinta; el cuerpo de su niña, también, y el médico de guardia señaló con un aspa la casilla correspondiente a malos tratos en el parte de lesiones.

El ajusticiamiento de Diego comenzó después de que entrara en la sala de urgencias suplicando ayuda para su hijastra

"Perdónanos por el daño que te han hecho", piden en una pancarta los vecinos del pueblo de Las Galletas

"Los médicos sólo apuntaron posibilidades. El parte de lesiones nunca es una acusación", dice el doctor Cabrera

La reconstrucción del vía crucis de Diego, salvado por las conclusiones de la autopsia, aconsejó el viaje hasta su domicilio en la sureña Costa del Silencio, donde algunos turistas despistados aún se espantan al escuchar su nombre. "Ah, l'assasin de la petite fille. ¡C'est terrible!". La jubilada francesa no sabe que la tarde del 24 de noviembre fue terrible, terrorífica, en una de las viviendas del portal número 48 del bloque I de Residencial Atlántico: un conjunto de chalés adosados, ocres y humildes, al alcance de pensionistas extranjeros y de parejas como Diego y Belén, madre de Aitana, empujados por el desempleo de Parla hacia los tajos de Canarias, donde algunos familiares podían ayudarles a ganarse la vida. Belén no presenció la agonía de su hija porque se encontraba ausente, trabajando. No estaba en la vivienda cuando comenzaron los vómitos, los dolores de cabeza, la asfixia, el jadeante desfallecimiento de Aitana. Hacia las 20.30 ya no lloraba: se le iba la vida casi en silencio, acurrucada en la cama, boqueando con los ojos abiertos.

Sin trabajo desde hacía un mes, desde que llegaron a las islas, Diego la llevaba al colegio, jugaba con ella, la zarandeó en algún momento porque le desquiciaron sus quejas y lloros, que los creyó caprichosos, pero la quería como propia. Asustado por los estertores de aquella tarde, pidió a un vecino que, por favor, le llevara en su coche a urgencias. "Estaba muy malita y la cuidé todo el tiempo. La duché dos veces porque se ensució con los vómitos. Yo no sé nada de lesiones vaginales ni anales, no he violado a nadie, y los morados son por la caída por un tobogán", el sábado 21 de noviembre, según testificó ante el médico de guardia, ante la Policía Local, ante la Guardia Civil, ante el juez y ante su abogado.

Fue inútil la coherencia de sus declaraciones, sin ninguna contradicción. Enardecido por los titulares de prensa, pisoteada la presunción de inocencia, el populacho quería arrancarle la cabeza, colgarlo de los testículos, patearlo hasta la muerte porque un pervertido de esa calaña no merecía otra cosa. "Si no llega a estar protegido, lo hubieran linchado", confesaba un vecino del municipio de Arona. Su abogado defensor, Plácido Alonso, supo de la iracundia popular en un bar de las proximidades: "Cuando salieron sus imágenes, alguien comentó: 'A éste hay que ponerle una bomba".

El calvario de Diego P. empezó en el Centro Especializado de Atención a las Urgencias de El Mojón, una agrupación de barracones prefabricados, con paredes encaladas y techos verdes, abierto hace tres años para atender el crecimiento poblacional del sur de Tenerife. "Nos han prohibido hablar", rechaza una enfermera. La gente agolpada en una sala de espera habla y fabula hasta por los codos, y la burricie exonera a Diego y reclama ahora el linchamiento del facultativo que dejó en blanco las casillas de posibles "violencia doméstica", "agresión", "agresión sexual", "accidente", "intoxicación" y "otros" en el parte de lesiones, para marcar la casilla de "malos tratos" y detonar la ruina de Diego.

"El médico la mató. Habría que colgarlo", sentencia un hombre mayor en la cola de las extracciones de sangre. Un edema difuso, un coágulo de sangre en el cerebro, imposible de detectar por el médico que reconoció superficialmente a la niña el día 21 de noviembre, tras su accidente en el tobogán del parque infantil de Costa del Silencio, acabó matándola al cortar el suministro de oxígeno.

Tres días después, el segundo médico, el facultativo de guardia de El Mojón, todavía en el anonimato y clave en esta crónica sobre la crucifixión de Diego, lograría resucitarla después de una primera parada cardiorrespiratoria y la derivó al hospital La Candelaria, de Santa Cruz, a 72 kilómetros, donde cuatro médicos, entre ellos un forense, también sospecharon malos tratos al dudar sobre el origen de los hematomas producidos por la caída del tobogán y no tener claro las erosiones causadas por la alergia cutánea de la niña a las cremas reparadoras, ni las huellas de los masajes de resucitación en el tórax de la niña efectuados en el centro de urgencias comarcal. Incluso después de las tomografías de tórax, abdomen y pelvis, aún relacionaban el edema cerebral y las lesiones externas con algún episodio de maltrato. Uno de los responsables del servicio de pediatría de Urgencias comentaría a la Guardia Civil que, en su opinión, no cabía atribuir las lesiones a un accidente.

Aitana murió el jueves día 26, después de 48 horas y cuatro infartos en la UCI. Para entonces, su padrastro había sido encerrado en un calabozo después de que el facultativo de El Mojón activase los protocolos sobre violencia y malos tratos con una llamada al 112 y una comunicación a la Policía Local. El médico estaba convencido, según manifestó verbalmente a la patrulla, de que Diego P. era un maltratador. No descartaba la violación. Aitana R. "sufrió una parada cardiorrespiratoria que podría ser provocada por los politraumatismos que presenta, siendo evidente los malos tratos, y que, además, sufre desgarros tanto vaginales como anales, presentando signos de hemorragia en los primeros", según consta en el atestado policial redactado con los datos proporcionados por el médico.

Destacada en titulares la aparente salvajada, tras su filtración al diario La Opinión, estalló el pandemonio: las tribunas periodísticas fueron paredones de fusilamiento; los tertulianos, verdugos; la calle, una turba con el patíbulo en bandolera, y el detenido, un hijo de puta merecedor de la muerte. "¡Animal!, ¡asesino!, ¡te vamos a matar!", le gritaban desde el grupo apostado en las puertas del juzgado. Encolerizados cuando les fue comunicado el fallecimiento de la niña, agentes judiciales de la Guardia Civil le martirizaron en el cuartelillo con imágenes de la autopsia, una dieta a pan y agua, lacerantes comentarios, y brindaron por la cadena perpetua: "Te vas a comer 40 años de cárcel, cabrón", según la denuncia del letrado Alonso. El Gobierno de Canarias se sumó al tumulto convocando un minuto de silencio contra el aberrante delito.

Plenamente demostrada su inocencia, la opinión publica tinerfeña se declaró contrita, angustiada por los atropellos sufridos por el padre, de origen madrileño. "Perdónanos por el daño que te han hecho", pidieron en una pancarta vecinos del pueblo de Las Galletas, levantado en un repecho de la sinuosa carretera que lleva al centro de urgencias donde fue atendida su hijastra.

Salvador Moreno, director del colegio público Luis Álvarez Cruz, nunca apreció problemas en la convivencia de Aitana con sus padres, y menos maltrato físico, y la tutora admitió sin reservas las explicaciones de la madre cuando, el lunes 23 de noviembre, le preguntó por los arañazos y contusiones de la cría. "Se cayó en el parque", le dijo Belén. La niña acudió al colegio la mañana del martes y se comportó normalmente, como siempre: cariñosa, divertida, espontánea.

Diego fue detenido por la Policía Local de Arona y puesto a disposición de la Guardia Civil con un parte médico "que no ofrecía lugar a dudas", de acuerdo con Miguel Valera, secretario de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). "Ante eso, a la Guardia Civil no le queda otra opción que proceder a la detención". Pese a su posterior liberación sin cargos el sábado 28 de noviembre; pese al cariño de los suyos, de su pareja, de su hermano, y la solidaridad de otros familiares, que siempre defendieron su inocencia, Diego perdió la cordura, se abismó en la desesperación y lloraba sin consuelo. El joven invocaba desgarradoramente la muerte de Aitana y no quería vivir más porque su vida era una auténtica mierda. Debió ser ingresado en un centro psiquiátrico hasta que volvió, precariamente, a sus cabales. Todavía no lo estaba cuando una emisora de radio habló con él: "Ver las fotos de la niña ha sido lo peor, lo peor, lo peor que me ha pasado en la vida. Me han tratado peor que a un terrorista, peor que a un perro", acertó a decir, abriéndose paso entre las brumas mentales sobrevenidas por la masiva administración de tranquilizantes. "Era una hija, era como una hija para mí. Se ahogaba...".

¿Y los supuestos desgarros vaginales y anales en el cuerpo de Aitana? No parece que las observaciones del médico de El Mojón fueran inventadas y algo debió ver para atreverse con un diagnóstico finalmente negado por la autopsia. Pedro Cabrera, presidente del Colegio de Médicos, precisa que los síntomas de un derrame cerebral por traumatismo pueden aparecer a los dos días en forma de vómitos, mareos o dolores de cabeza, pero también en sangrados vaginales y rectales, porque la medicina no es una ciencia exacta. "Pero no cometamos con los médicos el mismo error que se cometió con Diego. Los médicos sólo apuntaron posibilidades porque el parte de lesiones nunca es una acusación", dice. No lo es, pero la insistencia del médico de El Mojón ante los policías locales, ratificada ante la Guardia Civil, sobre la comisión de violentos abusos y el mero señalamiento de desgarros genitales fueron suficientes para el alzamiento mediático y popular contra el reo.

La mayoría de los vecinos del número 48 de Residencial Atlántico, en Costa del Silencio, apenas se acuerdan de Diego P. porque hacía poco que había llegado y casi no le conocían. "Ni la chica de la limpieza lo recuerda", declara uno de los porteros del complejo. Una mujer cita a su marido: "Lo vio alguna vez paseando con la niña como algo normal. Qué pena de chico".

Los médicos del hospital La Candelaria, un moderno edificio de siete plantas de la capital, se enrocan en el corporativismo y lo peliagudo del trance. "Pregunte en el departamento de prensa". No hace falta: casi todos se equivocaron y, además, Diego P. tenía "una mala pinta que lo hacía sospechoso de antemano" entre un cuadro médico con actuaciones de juzgado de guardia, según denuncia Luis León Barreto, columnista de La Opinión. "Ni la clase médica ni la autoridad gubernativa quedan absueltos por el ejercicio de pedir disculpas".

¿Y por qué no se le tomaron unas placas a la niña tras la caída del tobogán, de bruces, sin haber podido protegerse con las manos? Pues porque el médico de un ambulatorio cercano a Costa del Silencio no lo consideró necesario. "¿No le van a hacer una radiografía?", le preguntó Diego. "No hace falta. Ya verás como en unos días estará otra vez corriendo. Es sólo una hemorragia nasal. Los niños son de goma". Ni radiografía, ni menos el TAC (tomografía axial computarizada), que probablemente hubiera descubierto a tiempo el coágulo de sangre craneal y permitido su eliminación. Las conclusiones de la autopsia efectuada por el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife pusieron el punto final al caso y en evidencia las impericias médicas y las carencias del equipamiento y personal del Servicio Canario de Salud. Las lesiones que presentaba el cadáver de la niña, según el instituto, eran "enteramente compatibles con haberse producido por una caída presumiblemente accidental, de una antigüedad de unos cinco o seis días", con un cuadro alérgico en la piel y con las maniobras de reanimación en el cuerpo de Aitana R. cuando entró en coma. Era suficiente. Aunque el juez Nelson Frías ordenó el excarcelamiento de Diego P., nadie podrá liberarle de las pesadillas padecidas a partir del 24 de noviembre, desde el día en que el médico de guardia de El Mojón examinó a la niña, escrutó a su padrastro y lo consideró culpable.