España tumba la directiva sobre libre circulación de pacientes

La obligación de atender a los extranjeros residentes habría costado 2.000 millones anuales - Jiménez: "No queremos tratar la sanidad como una mercancía"

La directiva europea que buscaba consagrar la libre circulación de pacientes europeos ha quedado bloqueada. España logró ayer el apoyo de otros países para paralizar esta iniciativa sobre prestaciones sanitarias transfronterizas. Considera que pone en riesgo el sistema público de salud. "No queremos que la prestación sanitaria se trate como una mercancía", argumentó la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. La directiva rechazada ayer en el consejo de Ministros de Sanidad de la UE proponía que cualquier ciudadano comunitario tuviera derecho a recibir asistencia médica en cualquier Estado miembro y sin autorización previa de su país de origen o de residencia. La norma comunitaria sería especialmente gravosa para España, un país donde hay muchos pensionistas de otros países de la Unión. La titular de Sanidad estimó que si éstos decidían ser atendidos fuera a costa de la Hacienda española el coste podría ser de 2.000 millones de euros anuales.

"La propuesta favorecía el turismo sanitario", afirma un experto
España promoverá otro texto durante la presidencia de turno de la UE

Pero la iniciativa, aprobada en julio de 2008 por la Comisión Europea -faltaba el visto bueno del Consejo de ministros que la rechazó ayer y del Parlamento Europeo- ha quedado en nada. La oposición española obtuvo el respaldo de Portugal, Grecia, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Lituania. Italia y Luxemburgo tampoco se mostraron satisfechos con la iniciativa comunitaria. Reino Unido, Francia y la presidencia sueca respaldaron la medida.

Reembolso

La propuesta de directiva, que refunde la doctrina desarrollada por el Tribunal de Justicia Europeo que clarifica los derechos sanitarios de los pacientes en otros Estados miembros, establece el derecho de reembolso de los gastos sanitarios por los tratamientos que reciban los europeos en centros públicos o privados en otros países. Además, establece que no es necesaria la autorización previa del país de residencia, que será quien sin embargo corra con los gastos de la prestación. Así, según la directiva, un pensionista alemán o británico que viva en España, por ejemplo, podría decidir que le practicasen una intervención quirúrgica en un centro privado de otro país de la UE, sin autorización previa española, y que luego los costes que hubiera anticipado le fueran reembolsados por España. Medidas que no afectan a las situaciones de casos imprevistos o urgentes que tienen garantizada ahora su atención en cualquier centro sanitario de la UE.

Para Trinidad Jiménez, la directiva "desde un punto de vista social no tiene sentido". "Rompe nuestro modelo sanitario de cohesión, justicia y solidaridad", aseguró. La directiva, según precisó la ministra, conduciría a mantener un doble sistema: por una parte un sistema público gratuito y universal para todo el mundo y por otra obligaría al Estado a reembolsar los gastos de los pacientes que, con una elevada capacidad de pago, hubieran decidido un tratamiento en un centro privado en el extranjero, sin autorización previa. Además, aseguró la ministra, la directiva "sólo da satisfacción al 1% de ciudadanos europeos". Es decir, aquellos que pueden anticipar los gastos de una intervención sanitaria.

España es un país muy atractivo para el llamado turismo sanitario. "Llegan numerosos pacientes a operarse o a hacerse intervenciones como ponerse un marcapasos, por ejemplo, algo que en España es rápido, fácil y se hace con una estupenda calidad", asegura Manuel de la Peña, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. Sin embargo, Francis Montané, presidente de la delegación del Consejo Nacional de Médicos de Francia y experto en asistencia transfronteriza explica que esa movilidad que permite el turismo sanitario, ya existe gracias a la tarjeta sanitaria europea. "La nueva normativa lo que hacía era facilitar eso", dice.

Además, mientras que los ciudadanos comunitarios suelen utilizar la sanidad española, el caso contrario no es tan frecuente. "Se usa poco. Sobre todo por desconocimiento. Muchos no saben si han de pagar algo y luego recibir un reembolso, por ejemplo", cuenta De la Peña.

Ambos expertos coinciden en la necesidad de acordar un texto que facilite la movilidad de los pacientes. Una tarea a la que se enfrentará España durante su presidencia de la UE, el primer semestre de 2010. Sin embargo, uno de los puntos polémicos para todos es la autorización previa de las prestaciones. Algo que, según Montané, supone un freno para la movilidad, pero que España y el resto de opositores a la norma considera una de las líneas rojas de la medida. Otra es el hecho de que la propuesta permita utilizar indistintamente los centros públicos o privados. La prestación debe practicarse en un centro público "para asegurar su calidad", dice Jiménez. Y añade que no se puede aplicar la carga financiera al país de residencia en lugar de al lugar donde el paciente hubiera cotizado habitualmente.

Del superávit al déficit

- Sistema doble. España tiene un sistema doble para financiar la atención sanitaria de los ciudadanos de la UE. Depende de si es un turista o una persona que tiene la residencia.

- Turistas. Cuando un visitante temporal tiene una urgencia y necesita ser atendido, explica el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, la comunidad correspondiente emite una factura por la atención prestada. Este importe es abonado al Gobierno autonómico a través del Fondo de Cohesión, y Sanidad se encarga de cobrárselo al país de origen del viajero.

- Residentes. Los países cuyos ciudadanos están empadronados en España pagan 205 euros al mes por persona. Lo mismo, pero a la inversa, sucede con los españoles en el extranjero. Este balance arroja un superávit para España de 450 millones de euros al año. Pero, eso sí, luego no se cobra nada por la atención sanitaria que los residentes reciban.

- Propuesta. La directiva propuesta preveía que cada país pagara por la atención que los residentes extranjeros recibieran fuera. Sanidad calcula que le costaría 2.000 millones de euros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 02 de diciembre de 2009.

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