La policía destaca que Mercasevilla es "inviable" por su desmedida plantilla
"Mercasevilla es deficitaria por definición (...) Tiene una plantilla diez veces superior a la necesaria y hace del todo inviable una gestión económica rentable, amén de ciertas concesiones a los mayoristas, tales como no pagar las tasas o la utilización de los boleteros [trabajadores municipales] para sus propios intereses".
La unidad de la Policía Judicial que investiga el caso Mercasevilla subraya en un informe cómo la insostenible situación de esta empresa pública, "única entre los mercados de abastos españoles", está abocada al fracaso si no se le imprime un vuelco a la gestión.
La policía achaca esta crítica situación a la presión de los sindicatos y los partidos políticos sobre el Ayuntamiento, que hasta hoy no ha aceptado "disminuir la plantilla o recortar los salarios de los trabajadores". La situación es explosiva y los mayoristas de pescado, enfrentados al gerente Jordi Maymó, llevarán a cabo mañana su segundo paro patronal. De momento, el Consistorio no ha reaccionado ante el primer paro de hace dos semanas.
El informe resume el origen del caso Mercasevilla y tilda al principal implicado, el ex director Fernando Mellet, de "gran artífice" de las "arbitrariedades" generadas por el concurso de los terrenos, definido por la juez del caso, de "fraudulento y antieconómico". Junto a Mellet la policía destaca el papel desempeñado por Domingo Enrique Castaño, ex asesor del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín: "Es significativo que el señor Castaño, tras su cese (consecuencia de su imputación en el caso Unidad) en el Ayuntamiento de Sevilla (...) forme parte de la plantilla de Sando [constructora que se alzó con el concurso pese a no presentar la mejor oferta]".
La policía destaca que Castaño "dirigió" la operación para adjudicar el concurso a Sando y dio "en última instancia, las instrucciones precisas" al economista José Antonio Ripollés, al vicesecretario del Consejo de Administración Jorge Piñero y a la técnica Victoria Bustamante para elaborar el pliego de condiciones del concurso.
El informe reconoce que la investigación "no ha podido determinar la verdadera autoría de las cláusulas" contenidas en el pliego. Asimismo, hace hincapié en la "conducta desarreglada y arbitraria" del acto de adjudicación, pero tampoco ha podido fijar el "verdadero conocimiento" sobre las irregularidades que tuvieron los miembros de la comisión ejecutiva. Entre ellos, el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos.
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