Juzgado por 'mobbing' el presidente de la Asociación de Propietarios

La fiscalía solicitó ayer dos años de cárcel para el presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Luis Miguel Pahissa, a quien acusa de hacer "la vida imposible" a dos inquilinas de 78 y 81 años que residen como arrendatarias desde hace más de tres décadas en un piso de la calle del Comte d'Urgell de Barcelona.

Durante el juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal número 9 de Barcelona, Pahissa negó los cargos que pesan contra él y defendió la legalidad de todas sus actuaciones, con argumentos tan singulares como que su madre, enferma de Alzheimer, extravió algunas cartas o que no cobró durante un trimestre los recibos porque se casó. También echó mano de su esposa para recordar que tuvo un hijo con más de 50 años y que se perdieron los correos electrónicos con las quejas de las vecinas.Por este caso también está acusada la propietaria de la vivienda en la que habitan las ancianasos, Esther Guisasola Sagala, quien declaró que desconocía la situación y subrayó que se limitaba a ser informada por Pahissa de las decisiones que éste adoptaba.

Por el contrario, las denunciantes, María Dolores Prados Marín y Leonie Carretas Tubet, detallaron el calvario sufrido a raíz de la muerte de sus esposos y los problemas que han tenido que afrontar para subrogarse en el contrato de alquiler. También dijeron que el administrador las ha evitado siempre y, cuando han podido hablar con él, las ha menospreciado.

Como ejemplo, María Dolores Prados explicó que tan sólo 16 días después de la muerte de su esposo fue a la casa de Pahissa para comunicarle el deceso y pedirle que iniciara los trámites para subarrendar el contrato. "Nos recibió en su despacho, con las piernas encima de la mesa, no nos invitó a sentarnos y cuando le dije que mi marido había muerto nos dijo que cuando yo muriera echaría a la calle a mi hija", dijo la mujer entre sollozos. También recordó la "angustia" que les supuso que el administrador no les cobrara el alquiler durante al menos tres meses seguidos en el último trimestre de 2006 -lo que Pahissa justifica porque se casó, se fue de viaje y tuvo una hija-, ya que temían que las echaran de casa por falta de pago. Sobre todo, cuando el acusado, según la versión de las mujeres, devolvió los giros postales que le enviaban las inquilinas.

A diferencia de la otra denunciante, Leonie Carretas aún recibe los recibos del alquiler a nombre de su esposo, fallecido hace casi 20 años. Otra de las quejas de las ancianas vecinas es que cuando se instaló un nuevo ascensor el administrador les prohibió utilizarlo e incluso anuló durante dos años los botones para que no se detuviera en la tercera planta.

Pahissa dijo que tomó esa decisión asesorado por un bufete de abogados, pero el abogado de la acusada fue más allá al decir que, aunque el ascensor estaba inutilizado, las mujeres podían subir andando hasta la cuarta planta para tomarlo. Las víctimas de este supuesto caso de acoso inmobiliario también explican que no se les permite el acceso a la toma de antena común y que aún disponen de un contador compartido de agua.