Garzón reactiva el caso por el asesinato de Soria e imputa a dos ex ministros chilenos

El juez Baltasar Garzón ha reactivado el caso por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, perpetrado en julio de 1976 por agentes de la policía secreta chilena, la tristemente célebre DINA, y ha imputado a 13 militares y políticos chilenos, entre ellos los ex ministros de Defensa e Interior, Herman Brady Roche y César Raúl Benavides. El caso se inició en 1998, a instancias del letrado Joan Garcés, en el marco del proceso por genocidio, terrorismo y torturas dirigido contra el dictador Augusto Pinochet, fallecido en diciembre de 2006.

Soria, que era diplomático de las Naciones Unidas y nieto del arquitecto y urbanista Arturo Soria, fue secuestrado por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA cuando regresaba en coche a su domicilio, por orden del comandante Raúl Eduardo Iturriaga. Fue brutalmente torturado durante horas y finalmente fue colocado en unas escaleras donde le aplastaron el pecho hasta lograr una doble fractura de la columna vertebral que le causó la muerte. Luego, simularon un accidente al despeñar su coche, con su cadáver en el interior.

Garzón considera que los hechos podrían constituir delitos de torturas y asesinato en el contexto de crímenes contra la humanidad dentro de un plan sistemático de atentar contra la vida, la libertad y seguridad de las personas, concebido por Pinochet y los responsables del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Si los jefes y agentes de la DINA fueron los autores materiales, Brady, Benavides y el subsecretario de Interior, Enrique Montero Marx fueron los autores intelectuales al facilitar los medios y dar cobertura a las torturas y asesinato de Soria.

Garzón ha decidido no dirigir el proceso penal contra Mónica Madariaga y Sergio Fernández, que eran ministros de Justicia y de Interior, respectivamente, en 1978, cuando firmaron el Decreto de Amnistía que sirvió para conferir la impunidad a los autores, cómplices y encubridores del crimen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró nulo el citado decreto, pero el juez considera que el hecho de que los dos ministros firmaran el decreto no es suficiente para proceder contra ellos, pues de admitir esa razón habría que proceder también contra todos los demás miembros del Gobierno que avalaron el decreto y los que aplicaron la norma posteriormente.

El juez ha cursado una comisión rogatoria para poder interrogar a los imputados en Chile. Se trata de los miembros de la DINA Manuel Contreras, Raúl Eduardo Iturriaga, Jaime Enrique Lepe, Jorge Remigio Ríos, Guillermo Salinas, Pablo Belmar, René Patricio Quiloht, Rolf Wenderoth y Ricardo Lawrence Mires; Herman Brady, ex ministro de Defensa; César Raúl Benavides, ex ministro de Interior y los altos cargos de ese departamento Enrique Montero y Pedro Espinoza.