Todo en contra de las cajas

Es difícil tener más frentes abiertos que los que analiza a diario Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España. La reestructuración del sistema financiero está en ese momento en el que cada día se abre un problema, pero no se cierra ninguno. Desde Bruselas hasta Cádiz, todos los fuegos están ardiendo y nadie, absolutamente nadie, parece actuar como bombero del supervisor. El primero de los problemas está en la Comisión Europea, que acaba de pedir al Gobierno de Zapatero que se aclare con la fórmula que quiere aplicar para el fondo de rescate de entidades. Es decir, hay prisa porque España es el último país en reestructurar la banca y todavía no se sabe si se pedirán autorizaciones previas o a posteriori. Un lío.

Las entidades son víctimas de disputas locales o identitarias

El segundo es la Ley de Cajas. El Banco de España pidió su reforma para quitar parte del poder que tienen los Gobiernos autonómicos en las cajas. El PSOE se negó a abrir el melón, mientras el PP apostaba por una modificación, sin contar con el apoyo de sus barones regionales. Cristóbal Montoro, portavoz de Economía del PP, insistió el jueves pasado en que no hay más solución para el sector que liberarse del poder político. Por cierto, para añadir más dificultades, la mitad de las cajas ha empezado -o iniciará en breve- la renovación de parte de sus órganos de gobierno, incluidas algunas presidencias.

El supervisor, con grandes dosis de pragmatismo, ha aplicado el principio de que es mejor lo posible que lo perfecto. Es decir, ante la resistencia numantina a perder el poder autonómico en las cajas, ha optado por las fusiones virtuales que, bajo el paraguas de un SIP (Sistema Institucional de Protección), permite mantener la sede, los consejos de administración y la marca. A cambio, son menores el ahorro de costes y la potencia de tiro de la caja resultante. Esta fórmula convence a los sindicatos, que han tomado la bandera imposible de "aquí no sobra nadie". Para añadir más dificultades, Ordóñez se ha puesto como meta que la reestructuración cueste lo menos posible al contribuyente, lo que puede añadir más tensión al proceso.

Mientras tanto, las cajas de casi todas las regiones son víctimas de las disputas locales o identitarias. El caso más llamativo es el de la Comunidad Valencia. Gerardo Camps, vicepresidente económico y regulador de estas entidades, puso en duda la solvencia de la CAM porque se ha negado a fusionarse con Bancaja, como quiere el PP de Valencia. Ningún banco hubiera sido tan agresivo. Las cajas podrán decir aquello de "todos al suelo, que vienen los nuestros".