El 'caso Pretoria' fuerza el cese de la responsable de urbanismo de Santa Coloma

Desde que el martes Santa Coloma de Gramenet nombró alcaldesa se han sucedido las destituciones y dimisiones en el Ayuntamiento. Ayer fue Carmen Moraira, segunda teniente de alcalde y responsable de Urbanismo la que presentó su renuncia. El escueto comunicado del Consistorio atribuía la dimisión a "los acontecimientos sucedidos" a raíz de la Operación Pretoria, de corrupción urbanística y a "la política urbanística" municipal, una política que Moraira había defendido a capa y espada antes de la detención del ex alcalde Bartomeu Muñoz y del ex concejal de Urbanismo Manuel Dobarco, imputados en el caso, y a pesar de que algunas obras habían recibido las críticas de vecinos y oposición.

Núria Parlón, la nueva alcaldesa, aceptó la renuncia de Moraira, que será sustituida por Esteve Serrano, hasta ahora concejal de Promoción Económica. La de Moraira era una dimisión anunciada, precisamente porque era hasta ayer la encargada de supervisar la concejalía de Urbanismo y los proyectos que están siendo investigados por el juez Baltasar Garzón.

Sin sorpresas

Desde que se destapó el caso Pretoria, a Moraria se la ha visto compungida en varios actos públicos, pero ha evitado hacer declaraciones sobre la polémica gestión del Ayuntamiento y la investigación judicial.

En la oposición no sorprendió la noticia. El PP señaló incluso que pensaba pedir su dimisión la semana próxima, "porque, aunque finalmente no sea responsable de lo sucedido, debía haberse enterado de lo que estaba pasando". Pese a la rivalidad política, Manel Olivés, portavoz de CiU, señalaba: "se va una de las personas más válidas y honradas del gobierno". Olivés añadió que quienes deberían dimitir eran otros. En ICV atribuían la dimisión a la presión que rodea el caso.

El PSC trabaja ya para encontrar el sustituto de la teniente de alcalde, y para relevar a los tres cargos destituidos el jueves. El nuevo gobierno municipal deberá ponerse manos a la obra con proyectos urbanísticos envueltos en la polémica, como el mercado del Fondo, cuyos dueños de los puestos llevan un año en un emplazamiento provisional a la espera de que comience a levantarse el nuevo edificio. O el ARE de Safaretjos, que preveía la construcción de 300 viviendas, y la reforma del Singuerlín.