El edificio del piso ocupado en el Raval será demolido por incivismo

Si los jueces no se dan prisa en decidir sobre el derecho de la familia Mediñà a recuperar la vivienda okupada en el barrio del Raval, cuando decidan, ya no habrá casa. Las administraciones públicas (Generalitat y Ayuntamiento) han decidido derribar parte del bloque, como única forma de solventar los problemas de convivencia, del que la ocupación ilegal de viviendas es sólo un ejemplo más. "No es un problema arquitectónico sino sociológico", sostiene el portavoz del Incasòl, propietario de la finca. De los 133 pisos que alberga, 80 irán al suelo y sus inquilinos serán realojados. Uno de los pisos condenados es el que no puede habitar Mediñà, pese a tener el contrato a su nombre.

En el inmueble se vende y se consume droga y hay 'juerga' todas las noches

Algunos de los problemas detectados por los servicios sociales en el bloque de viviendas públicas de la calle del Om son: drogas (venta directa en varios pisos y consumo generalizado por personal ajeno al edificio que entra en él para pincharse o fumar); prostitución (aunque escasa y con tendencia a la baja); gente que utiliza los rellanos y las terrazas comunes para instalarse de modo semipermanente; okupación; ruido a cualquier hora; incivismo por parte de jóvenes y adolescentes que organizan botellón en el interior y a los que es difícil hacer frente porque buena parte de la población residente supera los 65 años y si les dicen algo, se rebotan; mantenimiento de las zonas comunes más que defectuoso con roturas constantes de buzones, timbres y bombillas, y falta de limpieza.

Ante tal cúmulo de problemas, la solución propuesta por el Incasòl y el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, que gestiona la finca, ha sido tratamiento de caballo: que vayan al suelo 80 de los 133 pisos que componen el bloque. El convenio para el derribo se firmó hace 10 días. El bloque fue inaugurado en 1988 y sufrió reformas hace unos cinco años, incluida la instalación en su interior de unos contrafuertes que no responde a problemas estructurales, según un portavoz de Incasòl, sino que se dejaron allí para reforzar el edificio "en caso de terremoto".

"El edificio", dice un vecino que prefiere no identificarse, "es un punto permanente de venta de droga hasta pasadas las tres de la madrugada". Y perjura que ha llamado en el último año "más de 300 veces a la Guardia Urbana" y sólo han acudido "dos". Otra vecina, en cambio, dice que los agentes sí acuden pero que los compradores y consumidores reaparecen cinco minutos después de irse la patrulla. Otra vecina cree que, en realidad, se está acosando a las familias "normales" para que se vayan. "No nos quieren. No sé por qué, pero no nos quieren".

En la puerta principal, casi a cualquier hora, se puede ver trapicheo, ni siquiera disimulado. El patio de la guardería que está en el mismo edificio, denuncia otro vecino, "amanece todos los días con varias jeringuillas". Una de las vecinas narra que en su rellano se había instalado un indigente "con una bolsa así [abre los brazos cuanto puede] llena de basura. Al final me harté de pasar saltando con mis nietas y le dije que si no se llevaba aquello le iba a prender fuego", dice con rabia.Que la gente duerma en los rellanos es, cuentan los vecinos, habitual. También lo hacen en los cuartos para luz, agua y gas. En uno de ellos hubo un incendio hace unos días.

Algunos jóvenes, unos del bloque y otros de fuera, toman el edificio para sus fiestas nocturnas: botellón y canutos. Y jolgorio: cante, baile y gritos. "No se les puede decir nada. Muchos somos muy mayores y plantan cara. Y hablar con sus padres tampoco sirve de nada".

De los 133 pisos, 27 son propiedad de sus ocupantes. Cinco están vacíos y el resto se hallan en régimen de alquiler; 80 son los que irán al suelo: 70 de los alquilados, los 5 vacíos y 5 con propietario.

Buena parte de los residentes son mayores de 65 años. El informe social elaborado por la empresa Vincle a petición del Ayuntamiento e Incasòl reseña que son 20 las viviendas ocupadas por jubilados a las que hay que añadir 11 más concedidas en "uso" a personas también de más de 65 años e ingresos escasos. Predominan, explica Francesc Rodríguez, de Vincle, "las viudas de cierta edad que viven solas". Personas muy vulnerables frente al matonismo.

"El principal problema es que el bloque es muy permeable. Se puede entrar en él por muchos sitios y llegar a cualquier punto en su interior", señala Judith Corbacho, experta social de Vincle. Una vecina lo resume: "Tenemos la calle dentro de casa y eso no es forma de vivir". Las administraciones lo reconocen y trabajan en la solución. Los primeros traslados empezarán, explica Pere Serra, en unos nueve meses. Los responsables del Incasòl reconocen que los vecinos tienen razones y gordas para quejarse.

Parte de la construcción ocupa una zona calificada como verde y que será recuperada cuando vaya al suelo. Pero esto ha hecho que, cuando los vecinos que tenían derecho a adquirir la vivienda pretendieron escriturarla se encontraran con que no era posible: el registro no admitía pisos construidos donde no se debía. La división en propiedad horizontal, previa al registro, no se pudo hacer hasta hace un año, de modo que los vecinos estaban como "del alquiler". "No nos atrevíamos a irnos pese al deterioro progresivo de la convivencia, para no perder los derechos adquiridos a una vivienda".

El bloque está pensado para la convivencia: grandes espacios colectivos y una única comunidad. La realidad se ha empeñado en destrozar las buenas intenciones. Los espacios públicos no sirven para convivencia, sino para todo lo contrario. Se pensó en fragmentar el edificio en varios bloques: imposible porque los servicios estaban organizados de forma colectiva y se corría el peligro de dejar partes enteras sin acometidas de agua o de luz. Además, "algunos vecinos prefieren la permeabilidad total porque les va bien a sus intereses", señala un representante del Incasòl. Y añade: "Al principio, las familias ocupantes eran del barrio y homogéneas, luego el Ayuntamiento fue alojando en los pisos vacíos a gente de procedencias diversas. Y todas las fuentes consultadas apuntan que hay al menos cuatro familias de las últimas alojadas que se dedican al tráfico de droga. Y lo que más duele: A menos de 50 metros de la comisaría de los Mossos".