Los juzgados reciben dos denuncias al día por ocupaciones ilegales

A los juzgados de instrucción de Barcelona llegan una media diaria de casi dos denuncias por presuntos delitos de usurpación. El año pasado se abrieron 623 diligencias previas por ocupaciones ilegales de viviendas y locales de toda clase. De esas denuncias, sólo 33 se tramitaron por vía penal, al considerar que existían indicios de delito. La usurpación fue incluida en el Código Penal para agilizar la expulsión de los ocupantes ya que, hasta entonces, los legítimos propietarios sólo podían acudir a la vía civil, a través del desahucio.

Usurpar es ocupar un inmueble sin autorización del titular, o permanecer en él contra su voluntad. Este delito está castigado con una pena de multa de tres a seis meses y se refiere, sobre todo, a inmuebles "que no constituyan morada". Su incorporación complementó, así, al delito de allanamiento de morada. En el caso del matrimonio formado por Josep Mediñà y Antonia, que lleva 16 meses con varios intrusos en su piso del Raval, los Mossos d'Esquadra iniciaron diligencias por un presunto delito de usurpación.

Sólo 33 procesos fueron tramitados por vía penal en 2008

Como ocurre en la mayoría de denuncias que llegan a los juzgados de instrucción por usurpación, el titular del número 13 de Barcelona sobreseyó el caso (al apreciar contradicciones en las declaraciones de los testigos a la policía) y dejó abierta la vía civil.

El proceso judicial no tiene por qué ser tan penoso como el que sufren Josep, de profesión albañil, y su mujer, dependienta. La víctima suele acudir primero a la policía, indignada porque alguien ha violentado su propiedad. Los agentes instan al denunciante a acudir al juzgado y le aconsejan abstenerse de cualquier acción por su cuenta. Al menos, de forma oficial. Fuentes policiales y judiciales admiten que cierta picardía -por ejemplo, entrar a la vivienda cuando los intrusos se van, ya que después éstos no tienen nada que reclamar- puede ahorrar meses de angustia. Aunque conlleva riesgos. En algunos casos, los propietarios llegan a un acuerdo económico o buscan soluciones fuera de la ley, como contratar a grupos de matones, según fuentes policiales.

Hay ocupaciones para todos los gustos. Desde las que protagoniza el colectivo okupa -que reivindica espacios de autogestión y se instala, por norma, en inmuebles vacíos- hasta las familias que buscan un techo donde refugiarse, pasando por delincuentes que pretenden extorsionar al propietario o realquilar el botín..

La policía, en cualquier caso, no puede entrar sin más en el piso. Necesita una orden judicial. La denuncia llega al juzgado de guardia y éste suele indicar a los agentes que inspeccionen la vivienda para comprobar. Si los ocupantes se marchan de forma voluntaria, el proceso termina ahí.

Si se resisten a abandonar la casa, en cambio, el juez puede decidir expulsarles. Incluso ese mismo día. "Eso sí, la persona tiene que presentarse con todo: los documentos que acreditan que es su vivienda, y si me apuras una foto de los invitados que cenaron en casa la noche anterior", bromean fuentes judiciales. En cualquier caso, y cuando el juez lo tiene claro, no debe tardar más que días o semanas.

Cuando no está claro que haya delito, queda la vía civil. En Barcelona, los procesos de desahucio en precario se suelen resolver en tres meses, según datos del decanato de Barcelona. Eso siempre que no haya complicaciones o recursos, como en el caso del matrimonio del Raval. En la vía civil, se trata de dilucidar quién tiene derecho al inmueble. Y aquí, el Código Civil prevé entre otras cosas que el propietario puede perder la posesión "por la posesión de otro", aun contra su voluntad, cuando el intruso lleve más de un año instalado en la casa.