Raúl Castro mantiene viva la represión en Cuba

El traspaso de poderes de Fidel Castro a su hermano Raúl, en julio de 2006, desató en Cuba una esperanza de cambio, alentada por el propio régimen. Tres años después, la realidad no puede ser más sombría: el aparato de represión castrista no sólo no ha sido desarticulado, sino que funciona a todo vapor. Así lo ha constatado Human Rights Watch (HRW), que ayer presentó un amplio informe sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Al menos 40 disidentes han sido encarcelados en esta etapa, en la que los arrestos arbitrarios, las farsas judiciales y los malos tratos siguen a la orden del día. La organización exige una "presión efectiva" para forzar la liberación de los presos políticos y critica la estrategia de acercamiento al régimen cubano impulsada por el Gobierno español.

La ONG critica al Gobierno español por su posición en la UE sobre la isla

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, es contundente: "Durante estos tres años en el poder, Raúl Castro ha sido tan brutal como su hermano". Las 123 páginas del informe, titulado Un nuevo Castro, la misma Cuba, dan cuenta de un patrón sistemático de abusos no sólo contra los opositores, sino contra cualquier cubano que pretenda ejercer los derechos más elementales.

Para ello el régimen recurre a una batería de leyes y de figuras (desobediencia, insubordinación, desacato) que penalizan cualquier forma de disenso. El Gobierno, constata HRW, siente especial predilección por la "más orwelliana" de estas medidas: la ley de peligrosidad, que permite castigar a los ciudadanos antes de que hayan cometido un delito, por el mero hecho de que resultan sospechosos. "Esta disposición es netamente política y define como peligrosa cualquier conducta contraria a las normas socialistas", señala el informe. Esto incluye distribuir la Declaración Universal de Derechos Humanos, escribir artículos críticos, estar desempleado (a los disidentes se les echa del trabajo y luego se les encarcela por no tener empleo) o buscarse algún ingreso al margen del Estado (el sueldo medio en Cuba no llega a los 15 euros al mes).

Human Rights Watch ha acreditado el encarcelamiento de 40 personas por "peligrosidad", pero asegura que hay muchos más casos que no ha podido documentar. En prisión siguen también 53 de los 75 disidentes (periodistas y activistas humanitarios) detenidos en la llamada Primavera Negra de 2003. Los presos de conciencia superan los 200. Entre los más recientes está el conocido médico Darsi Ferrer, detenido en julio.

El organismo destaca las "condiciones inhumanas" de las cárceles cubanas, focos de hacinamiento, insalubridad, desnutrición y enfermedades. Pero además, los presos políticos sufren malos tratos que "pueden alcanzar el nivel de torturas": palizas, reclusión en celdas de aislamiento, prohibición de visitas familiares o denegación de tratamiento médico. En tres casos, por lo menos, los prisioneros políticos han sido confinados en celdas ocupadas por enfermos de tuberculosis.

Para elaborar el informe, los investigadores de HRW mantuvieron más de 60 entrevistas clandestinas en Cuba (el Gobierno no autoriza las misiones de observación internacional) y también por vía telefónica desde Nueva York. El trabajo se ha realizado en el último año.

Además del encarcelamiento, el régimen de Raúl Castro recurre a lo que los disidentes llaman "represión de baja intensidad": desde multas a detenciones breves, actos de repudio (agresiones por parte de turbas) o amenazas tanto a los opositores como a sus familiares o vecinos, que convierten la vida cotidiana en un infierno de aislamiento y de temor.

Ante este panorama, HRW pide a la comunidad internacional que ejerza "una presión efectiva" que, actualmente, brilla por su ausencia. De entrada, recomienda a EE UU que levante un embargo comercial que ha resultado "contraproducente" y se ha convertido en el mejor pretexto del régimen para reprimir a su población. El varapalo se extiende a los Gobiernos latinoamericanos, cuyo silencio (cuando no el apoyo abierto, como en el caso de Venezuela, Bolivia o Ecuador) "perpetúa el clima de impunidad y represión".

El ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, es también objeto de la crítica de la organización humanitaria, por su pretensión de desmantelar la llamada Posición Común de la Unión Europea, que condiciona la cooperación con Cuba al respeto a los derechos humanos. "Poner fin a la posición común de la UE equivaldría a consentir la represión", asegura HRW. El informe insta a trazar una estrategia internacional coordinada para forzar la liberación de todos los presos políticos. Esa coalición multilateral debería tomar en consideración sanciones contra los dirigentes cubanos, como restricciones de visados o congelación de sus cuentas bancarias en el exterior.