Festival demagógico

Por la mínima, el Congreso aprobó ayer la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Este texto consagra el nuevo sistema acordado en julio. Un sistema que resulta menos injusto socialmente, al suavizar las notables diferencias de financiación per cápita preexistentes y acercarse al desiderátum de pagar por renta y recibir según población. Y que se adapta mejor a las necesidades de impulsar la economía de los territorios más dinámicos, concebidos como locomotoras de la economía española, limitando su aportación. Por ello, y porque aumenta la corresponsabilidad fiscal, es una reforma sensata.

Pero el nuevo texto, pergeñado tras años de intensa demagogia, eleva la LOFCA en la jerarquía normativa por encima de los Estatutos. Lo que constituye un desarrollo discutible, por cuanto éstos, según la doctrina tradicional del Tribunal Constitucional, están incorporados al bloque de constitucionalidad, lo que no es el caso del resto de leyes orgánicas.

Este carácter bifronte de la reforma, tan federalista como centralista, ha dado pábulo a todas las exageraciones de una clase política que apenas pierde oportunidad de mostrar sus vergüenzas. Así, el PP ha reiterado su aproximación esquizofrénica, similar a la que tuvo el PSOE desde la oposición: sus Gobiernos autónomos, aún compartiendo en buena parte el espíritu de la nueva ley, evitaron apoyarla, mientras se aprestaban a recoger sus beneficios. Y la cúpula del partido desautoriza el texto por "injusto" y por consagrar "la desigualdad": como si la desigual financiación per cápita del sistema anterior no fuese mucho más atentatoria contra la equidad. Si el PP deseaba concursar en el campeonato del igualitarismo, podría haber iniciado una campaña contra los sistemas forales, que en sus resultados, a causa del muy favorable cálculo del cupo, son el éxtasis de la discriminación, pues allegan unos recursos per cápita que pueden alcanzar hasta un 60% por encima de la media.

Igual de lamentable ha sido la pataleta parlamentaria de CiU. Su imputación de que la nueva LOFCA supone el "asesinato político" del Estatuto catalán resulta una sandez. Podría haber alegado, con razones, que la primacía de la LOFCA sobre los Estatutos constituye una lectura restrictiva de éstos. Pero no. Subida al monte del soberanismo oportunista, aunque el PSOE se resista ingenuamente a creerlo, prefiere exagerar, todavía desconcertada y doliente por su exclusión del Gobierno catalán. Aún no ha aprendido la lección del PNV, capaz de alcanzar desde la oposición acuerdos provechosos para sí y para su comunidad autónoma y cosechadores de prestigio y votos.

Los avances del sistema, ya bastante reseñados, se acompañan de algunos graves defectos en su presentación, como la opacidad de sus resultados previsibles. Pero ello no es motivo para perpetuar las políticas de secta o de campanario en un delicado asunto de Estado.