El Gobierno catalán se da 15 días para concretar su plan de choque anticorrupción

El anunciado plan de choque contra la corrupción que el lunes anunció el Gobierno tripartito catalán tardará al menos 15 días en quedar concretado. La reunión de ayer del Ejecutivo que preside José Montilla (PSC) aportó pocas novedades a las medidas que planea adoptar para evitar nuevos casos de corrupción como el del Palau de la Música Catalana y en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

El tripartito sólo reafirmó su voluntad de modificar el marco legal para evitar que los promotores privados sean los únicos beneficiados por las recalificaciones urbanísticas. El presidente de la Generalitat también encargó que en el plazo de 15 días se estudie la Ley de Urbanismo para dar mayor publicidad a las recalificaciones, convenios urbanísticos y a los cambios de propiedad de los terrenos afectados por cambios de planeamiento.

En un intento de mostrar una actitud más activa ante la corrupción, el Ejecutivo catalán también quiere eliminar la posibilidad de que entidades que reciben subvenciones públicas puedan aportar dinero a las fundaciones próximas a los partidos políticos, como ocurrió con la fundación de Convergència Democràtica en el caso Palau de la Música.

Esta medida, todavía no concretada, ya ha generado total rechazo de Convergència. Ayer, el número dos del partido, Felip Puig, criticó la medida por considerarla fuera de lugar. "Me parece una limitación que va en la línea contraria de lo que pasa hoy en Europa. En este sentido, la encuentro absurda, sinceramente", dijo.

Los alcaldes de Convergència i Unió, representados mayoritariamente en la Asociación Catalana de Municipios (ACM), también expresaron ayer reticencias ante las medidas del tripartito. Dejaron claro que no quieren rehuir los controles, pero dijeron sentirse criminalizados. "Parece que la corrupción sólo está en los ayuntamientos", dijo el presidente de la ACM, Salvador Esteve. Los alcaldes de CiU lamentan que las medidas se han tomado al margen de los ayuntamientos y que no se les ha consultado.

Más allá de la corrupción urbanística, el Gobierno catalán también quiere transmitir la imagen de que está poniendo orden en sus propios problemas, como el del masivo encargo de informes superfluos a empresas externas denunciado por la oposición reiteradamente.

El tripartito creará en breve un registro para controlar los informes que encargue cada departamento. El registro detallará el título de cada informe, quién lo encarga, con qué objetivo, quién lo realiza y cuánto cuesta. Estos datos serán públicos, aunque no el contenido de los estudios. Con esta medida, el tripartito pretende dar cumplimiento a las recomendaciones del interventor general del Gobierno catalán.