Montilla lanza un plan anticorrupción ante los escándalos

El Gobierno catalán ha pasado a la acción para paliar el desgaste que le está suponiendo los últimos casos de corrupción descubiertos en Cataluña y que han minado la credibilidad de las instituciones. El Ejecutivo de José Montilla aprobará hoy un paquete de medidas destinadas a fomentar la transparencia en la contratación pública y poner bajo control la especulación urbanística de algunos ayuntamientos.

La principal medida pactada por los tres socios del Gobierno (Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana e Iniciativa) es garantizar que las recalificaciones urbanísticas aporten beneficios económicos para los ayuntamientos y no sólo a los propietarios de los terrenos. El tripartito también modificará la legislación para reforzar la transparencia en los cambios de propiedad de terrenos recalificados u objeto de convenios urbanísticos. Se trata, explicaron ayer fuentes del Gobierno, de que sea más fácil saber quién se hace con la propiedad de los terrenos recalificados. Las medidas afectarán a las fundaciones para evitar casos como la donación de 630.000 euros de la fundación Orfeó Català, presidida por Fèlix Millet, a la fundación de Convergència.

Estas medidas llegan en plena guerra entre socialistas y convergentes, con denuncias cruzadas de acumulación de cargos de algunos dirigentes. Ayer todo el arco político catalán, incluido Unió Democràtica, cuestionó que el número dos de CDC, Felip Puig, pueda compaginar su escaño en el Parlament con su labor como asesor de obras y medio ambiente. Puig criticó los 14 cargos que acumula la concejal y diputada Anna Hernández, esposa de José Montilla. Hernández ingresó en 2008 como diputada en la Diputación de Barcelona, 94.300 euros, más otros 33.300 en dietas por asistencia a diversos organismos.