El 'Alakrana', o un McDonald's en Kabul

Dejemos sentada nuestra solidaridad y preocupación por los marineros que se encuentran retenidos en Somalia, para que esta necesaria reflexión no sea interpretada en sentido contrario. La desagradable situación que da origen a este artículo es la consecuencia inmediata de la conducta de la empresa armadora del Alakrana, Echebastar Fleet, que practica la pesca industrial en el océano Índico, incluso en zonas donde en otras ocasiones se han avistado piratas.

Todos los indicios apuntan a que, cuando fue apresado el pesquero, éste se hallaba fuera de la zona de protección fijada por la UE. La decisión de faenar donde se encontraban no obedece sino al afán empresarial de mayores capturas y mayores beneficios, sin consideración alguna al riesgo de sobreexplotación de los recursos marinos -clave en la ya paupérrima economía Somalí- y al riesgo físico de los trabajadores. Cero en prevención de riesgos laborales para la empresa armadora. Como analogía, podríamos utilizar el establecimiento de un McDonald's en Kabul.

La presencia de mercenarios, con paga pública o privada, no puede ser una solución

Las consecuencia de esta decisión ha sido el secuestro de 36 trabajadores y la necesidad de negociar con una banda armada -que tiene su trama civil en un despacho de Londres-, así como acabar pagando una cantidad que, según publican los medios, rondaría los dos millones y medio de euros. ¿De dónde ha de salir esta cantidad? ¿De los impuestos que satisface la ciudadanía, o de los beneficios acumulados por las empresas que explotan los recursos marítimos africanos?

Los barcos occidentales ejercen la pesca en las aguas del Cuerno de África precisamente por ser una zona económica perteneciente a un Estado fallido que es incapaz de establecer un sistema de cupos y licencias y obtener beneficios de las concesiones de explotación de sus recursos. Para las empresas pesqueras europeas es más barato faenar así que satisfacer cánones o constituir empresas mixtas, sobre todo si las consecuencias de la temeridad las satisface el erario público, dando por descontado el riesgo para los trabajadores.

El conflicto en el que se han visto atrapados 36 trabajadores del Alakrana ha servido para dejar al descubierto la realidad política y social somalí, desconocida para la inmensa mayoría de las sociedades occidentales. Somalia no es únicamente un caldo de cultivo idóneo para la miseria y la violencia sino que, además, sus aguas son el vertedero al que van a parar residuos contaminantes diversos por parte de barcos extranjeros. Desde que el último gobierno estable de Somalia cayó en 1991, sus costas empezaron a padecer gravemente las consecuencias de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, y también las consecuencias de los vertidos tóxicos.

En este contexto, la práctica de la piratería parece una de las pocas oportunidades de supervivencia que se le ofrece a una población devorada por el hambre, la pobreza y las guerras intestinas. Existen pruebas de que incluso los gobernantes locales participan de las ganancias de los piratas. A pesar de todo, la solución militar al problema que plantean los ataques a los pesqueros se ha revelado costosísima e ineficaz. Sólo el Reino de España satisface 72 millones de euros anuales en la Operación Atlanta y, aún así, ocurren casos como el del Alakrana. Tampoco la opción de embarcar perros de la guerra en los pesqueros parece que pueda ser una solución, pues no sólo es reprobable por dejar el uso de la fuerza y la violencia en manos privadas -contraria al principio teórico del ejercicio del monopolio de la violencia por parte del Estado- sino que, además, es costosa y poco efectiva. Recientemente, el Gobierno vasco anunciaba que financiará la protección privada en los atuneros, una tarea que, según algunas fuentes, recaerá sobre Levantina de Seguridad, propiedad del dirigente ultraderechista José Luis Roberto, nadie más apropiado para tal fin. La presencia de mercenarios, públicos o privados, podría suponer que la próxima vez no estemos hablando de trabajadores retenidos, sino de muertos en el fuego cruzado.

Podríamos contrastar estos datos con el peso de la actividad pesquera vasca en el Índico. El mismo, incluyendo las capturas de bacalao en otros mares, no alcanza el 0,08 % del PIB de la comunidad autónoma. Se revela, por tanto, como una política económica deficitaria y poco rentable. En suma, una transferencia de renta por parte de la Administración a los armadores.

Esta forma de operar por el mundo de muchas empresas occidentales no es sino neocolonialismo. En este contexto, creemos oportuno abogar porque la cantidad ingente de recursos que los Estados de la UE invierten en el mantenimiento de una fuerza en el Índico sea destinada a la cooperación al desarrollo en la zona, de modo que sea posible el establecimiento de estructuras que permitan a los somalíes decidir sobre sus recursos naturales y el modelo de cooperación con las potencias pesqueras, sea a través de concesiones, sea mediante la constitución de empresas conjuntas, para que el problema pueda ser solucionado definitivamente y en justicia.

Oskar Matute es portavoz de Alternatiba.