Un proceso interminable

La decisión de las empresas de recurrir las órdenes que recibieron para devolver a sus respectivas haciendas vascas los incentivos fiscales irregulares no hace sino prolongar un proceso que sigue vivo desde hace una década, cuando la Comisión Europea abrió en 1999 el primer expediente por la aplicación de estas ventajas, que consideró ayudas de Estado ilegales.

Las demandas que han emprendido las empresas por la vía administrativa -no descartan agotar los cauces jurisdiccionales- colocan en una situación muy incómoda a los equipos de gobierno de las tres diputaciones, puesto que se vieron obligados a recuperar dichos incentivos fiscales en contra de su voluntad, tras recibir numerosos requerimientos de la UE.

Las instituciones forales arbitraron en la década de los noventa las citadas vacaciones fiscales a conciencia, con el objetivo de fomentar la inversión empresarial en Euskadi -las derogaron a comienzos de 2000-, y hoy siguen defendiendo su legalidad pese a los pronunciamientos de la UE en su contra, tanto en las instancias gubernamentales (Comisión) como en las judiciales (Tribunal de Luxemburgo).

Las haciendas vascas recuperaron, según lo datos que han ofrecido, 290,5 millones de euros de las ayudas que concedieron a 127 empresas. Unas cifras muy inferiores a las estimaciones que siempre se habían manejado hasta ahora: 1.600 millones correspondientes a 300 empresas. Las compañías afectadas han interpuesto recursos contra las diputaciones para tratar de recobrar las cantidades devueltas. En paralelo, los responsables forales, que ya computaron estas sumas en sus "provisiones para compromisos institucionales", han decidido prolongar el litigio que mantienen con la UE por estos incentivos.