El tripartito pide ayuda al Estado para paliar la fuga de industrias del Baix Ebre

Los partidos que apoyan al Gobierno catalán están redoblando sus esfuerzos para que el próximo cierre en Roquetes de la multinacional estadounidense de cableado para automóviles Lear no convierta las comarcas del Ebro en un desierto industrial. El PSC, ERC e ICV han pactado, a instancias del Gobierno catalán, presentar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2010, en trámite parlamentario y ahora en el Senado, para que incluyan una partida de 10 millones de euros.

El dinero, según han informado fuentes políticas, se destinará a extender una alfombra roja para captar inversiones y empresas en la zona -suelo barato, infraestructuras...-, lo que no se adivina fácil dada la actual coyuntura económica. El Gobierno catalán también pondrá su parte, cuyo montante no ha trascendido.

La Generalitat lleva meses, más de un año, cortejando a tres empresas para que se instalen en la zona y puedan contratar a los trabajadores que se queden en la calle: Dow Chemical, la compañía valenciana de energías renovables Siliken y la siderúrgica extremeña Alfonso Gallardo. La multinacional química, con plantas en Tarragona, ya se ha echado atrás y las otras dos se lo están pensando, pero en el mejor de los casos no pondrían en marcha sus proyectos antes de dos años.

Gallardo, que lleva años pendiente de una inversión en las comarcas de Tarragona, ha pedido tiempo muerto por la crisis y que la Generalitat se encargue de hacerle llegar el suministro eléctrico y el agua. Ya está en marcha. El empresario extremeño proyecta levantar una acería en Tortosa con una inversión que rondaría los 500 millones de euros y supondría la contratación de medio millar de empleados.

Siliken, con sede en Valencia, busca terrenos para construir una segunda planta -ya tiene una en Casas Ibáñez, en Albacete- de producción de silicio de grado electrónico con objeto de autoabastecer al grupo de la materia prima necesaria para la fabricación de módulos fotovoltaicos, su principal actividad. Se trataría de una inversión de unos 400 millones y, como mínimo, contrataría a 50 personas en una primera fase, según la empresa. Pero a la zona del Ebro le han salido competidores, uno de ellos en la Comunidad Valenciana.

El PSC pidió el lunes a la Generalitat que tome "medidas específicas" para la reindustrialización de las comarcas del Ebro y que se dirija al Gobierno para que las incorpore dentro de las "zonas urgentes de industrialización".

La actividad de Roquetes gira desde hace dos décadas en torno a la fábrica y el pueblo tiene asumido que el cierre, que no ha sido una sorpresa, tendrá onda expansiva. El Baix Ebre (75.000 habitantes) logró engancharse al tirón de la economía catalana gracias a la industria química, en la que 400 empleos están afectados por expedientes de regulación de empleo, y la de la automoción, en pleno reventón. Los comercios acumulan un año de cierres después de que Lear interrumpiera temporalmente la producción.