La nueva fábrica de Valentine desata la guerra entre La Llagosta y Montcada

Con la crisis a cuestas, alzarse contra una nueva y moderna fábrica que emplea a 310 trabajadores y que riega de inversiones una comarca parece una broma. "No, no", protesta Jaume Bonallach, regidor del Partido Popular (PP) en La Llagosta (Vallès Oriental). "Aquí nadie cuestiona la fábrica. Pero, eso sí: estamos en guerra total contra su nueva ubicación".

La fábrica de la discordia, que lleva más de seis años enfrentando a cara de perro a La Llagosta con su vecina Montcada i Reixac (Vallès Occidental), con movilizaciones sin par entre los vecinos y con trompazos judiciales de por medio, es la que la empresa de pinturas Barnices Valentine, propiedad del grupo portugués CIN, acaba de presentar en sociedad, hace un par de días. Alberto López, edil de Iniciativa (ICV), hasta escribió al presidente de la Generalitat, José Montilla, para rogarle que no apareciera por la inauguración, al tratarse de una "fábrica ubicada donde no toca". Presidencia dijo anoche que Montilla no fue por cuestiones "de agenda".

La oposición de La Llagosta se moviliza contra la ubicación de la planta

El Gobierno catalán ha recurrido la nulidad de las recalificaciones

Barnices Valentine inaugura su planta al margen del embrollo

Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), una de mayo de este año y otra de julio, declaran "nulo y sin efecto alguno" el acuerdo por el que el 5 de abril del año 2005 la Generalitat arropó con su luz verde de forma definitiva la recalificación de los terrenos donde se encuentra la fábrica -de zona verde a zona industrial- que había decidido y solicitado el Ayuntamiento de Montcada i Reixac.

"No es cierto, no podemos hablar de una recalificación, sino de una modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona", replican fuentes del Gobierno municipal de Montcada i Reixac, en cuyo término municipal, pero rozando La Llagosta, se ha levantado la planta de Valentine. Ambos consistorios están gobernados por el PSC.

El parque verde del polígono industrial de Can Milans es la pica en la zona puesta por Valentine, que con este traslado abandonó su antiguo complejo industrial en el centro de Montcada, y con beneficio: lo vendió a la inmobiliaria Reyal Urbis. La idea era hacer montones de pisos, pero la crisis se cruzó en su camino.

El Ayuntamiento de Montcada ganaba espacio para viviendas en pleno boom inmobiliario, anclaba además a un grupo industrial potente en la localidad con una inversión de 40 millones de euros, garantizaba más de 300 empleos y, encima, enviaba la fábrica a la periferie del municipio.

Sin embargo, el paraje que le ofreció el Consistorio de Montcada al fabricante de pinturas fue el espacio que un grupo de empresas locales habían tenido que ceder en el pasado, para destinarlo a zona verde, como moneda de cambio para la construcción del polígono industrial de Can Milans. De pronto, esa zona cedida como peaje para tener polígono iba a ir a parar al grupo portugués. Esta asociación de empresas (M. T. C. Inversions) presentó un recurso contencioso administrativo contra la decisión del cambio de uso. No se trata de que Montcada, cuyo alcalde es César Arrizabalaga, suprimiera a dedo la zona verde prometida, sino que la intercambió por otra zona, Can Cuiàs, que según el fallo del TSJC "es, como zona verde, totalmente inutilizable para un posible uso ciudadano y para el servicio de una población inexistente".

Las empresas no fueron las únicas en movilizarse: resulta que el polígono Can Milans limita con La Llagosta, separado por una riera. Y son los vecinos de este pueblo vecino los que la tenían más cerca y la disfrutaban. De 14.000 ciudadanos, 5.000 se movilizaron con sus firmas para pedir la marcha atrás, arropados por todos los partidos de la oposición municipal. Así que el Gobierno del socialista Antonio Rísquez, abrumado, acudió a la justicia. El TSJC le ha dado la razón y concluye que la potestad urbanística de Montcada ha sido utilizada "torticeramente, en beneficio de intereses particulares". Se supone que de Valentine. Esta semana, de visita por la fábrica, su dueños de CIN subrayaron que tienen sus permisos y que "no son parte en el proceso". La Generalitat (Política Territorial) y Montcada han recurrido las sentencias.

Bonallach -que ayer se reunió con otros regidores de la oposición, como López (ICV) y Octavia González (independiente CPLL) para intentar recuperar la movilización ciudadana de hace unos años en La Llagosta- criticó al Ayuntamiento de su municipio por "haber escondido" las sentencias del TSJC y, por ende, "haber encubierto un delito medioambiental". La población parece muy motivada, con llaneros solitarios como Bartolomé Faile, del Partido Independiente del Bienestar de La Llagosta (sin representación en el Ayuntamiento), llamando una y otra vez a la puerta de la Fiscalía de Medio Ambiente.