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Las tramas delictivas en las Administraciones

El jefe de la red ganó cinco millones con un pelotazo en la costa barcelonesa

Luis García firmó con un edil del PSC el convenio de Llavaneres que investiga Garzón

Luis García Sáez, el presunto jefe de la red catalana que ha desarticulado el juez Baltasar Garzón con la Operación Pretoria, se marcó un pelotazo en toda regla tras ganar cinco millones de euros, el triple de lo que había invertido inicialmente en una operación inmobiliaria en la costa barcelonesa. Y en menos de dos años. El ex diputado del PSC, conocido como Luigi, triplicó su capital con una compra de terrenos en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de Llavaneres a través de la empresa Niesma Corporació, en la que tenía como socio al abogado Francisco Alejandro Pretus.

La clave del pelotazo fue un convenio, requerido por Garzón, que firmó con ex edil de Llavaneres del PSC Antonio Jiménez. El juez ordenó ayer el arresto de Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa, una firma de limpieza con delegación en Santa Coloma de Gramenet. Carrillo es el noveno detenido.

Fuentes municipales explicaron que Niesma adquirió en diciembre de 2003 unos terrenos de la zona de Can Riviere por 3,2 millones, y en marzo de 2004 adquirió otra finca por 1,5 millones. Sólo un año después, Niesma firmó con el Ayuntamiento de Llavaneres un convenio por el que se autorizaba a que la sociedad aumentara la edificabilidad en un 189%, de 3.958 metros cuadrados a 7.500 metros cuadrados.

El convenio también permitía construir 83 pisos en vez de 12 casas. Ese acuerdo estaba firmado por Pretus y Manuel Valera, administrador de empresas de García Sáez. Por parte del Ayuntamiento lo rubrican el entonces alcalde Víctor Ros (PP) y Jiménez, anterior concejal de Urbanismo.

Varias fuentes coinciden en señalar a Jiménez como la conexión entre la operación de Llavaneres y la de Santa Coloma de Gramenet, donde Jiménez fue grente del Instituto Municipal de Deportes. En esa época, según estas fuentes, conoció a García. Luego tomó las riendas de la empresa pública de vivienda de Montcada i Reixac (Barcelona), cargo que compaginó con su puesto de edil en Llavaneres.

Además, Jiménez ya fue citado el año pasado por la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presuntas irregularidades en un convenio que firmó con la empresa Proinosa, presidida por el constructor Josep Singla, que también ha sido detenido por Garzón.

El terreno de Llavaneres se revalorizó tras el convenio. Si lo compró por 4,7 millones, tras el acuerdo, en septiembre de 2005, ya estaba valorado en 6,3 millones. Y sólo un mes después, en octubre, realizó el auténtico pelotazo al venderlo a una sociedad participada por Restaura y Caixa Laietana por 9,73 millones. En menos de dos años, Pérez había ganado más de cinco millones.

Una estrategia parecida siguieron en Santa Coloma. El consistorio aprobó en marzo de 2005 un cambio de usos en el proyecto que en 2001 compró Singla. Éste vendió la empresa que creó para desarrollar el proyecto, Centre Comercial Gramenet, a una sociedad holandesa administrada por Pretus en noviembre de 2003. El consistorio justificó que el proyecto anterior no era económicamente "viable". Como resultado de la operación, los promotores obtuvieron unas plusvalías de 18,6 millones de euros El proyecto se aprobó en marzo de 2005. En mayo, Petrus vendió la sociedad.

La Sindicatura investiga las irregularidades de Santa Coloma

La Sindicatura de Cuentas inició la investigación sobre la contabilidad del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet en diciembre de 2008, después

de que el Tribunal de Cuentas le delegase la instrucción de las diligencias, expuso el organismo fiscalizador en un comunicado.

La Sindicatura relató que entregó al Tribunal de Cuentas el 28 de mayo de 2008 el informe 7/2007 que detectaba irregularidades en el Consistorio de Santa Coloma en el año 2003, y lo hizo en castellano, tal y como es el "procedimiento habitual".

El Tribunal de Cuentas, mediante resolución de fecha 26 de septiembre de 2008, acordó abrir diligencias preliminares en relación con las irregularidades puestas de manifiesto en el informe de la Sindicatura de Cuentas en referencia al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, a la gestión de personal y a las inversiones urbanas y su financiación, ante la posibilidad de que estos hechos pudiesen ser "generadores de presuntas responsabilidades contables".

El 21 de noviembre de 2008, el Tribunal de Cuentas acordó delegar la instrucción de las diligencias a la Sindicatura de Cuentas, que nombró un delegado instructor para llevarlas a cabo el 11 de diciembre de 2008.

El informe 7/2007 fue enviado al Parlament y admitido en 2007, pero no se debatió en comisión. Todos los informes de la Sindicatura de ámbito autonómico deben pasar por la comisión del Parlament, pero los locales sólo lo hacen si se recibe una petición expresa cuando son remitidos a la Cámara catalana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de octubre de 2009

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