Bosch ya ordenó fraccionar contratos cuando era concejal de El Escorial

"Necesitamos reparar este camino porque si no los vecinos acaban con nosotros". Con estas palabras el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de El Escorial, Alfonso Bosch, selló el acuerdo verbal para asfaltar el Camino Viejo de El Escorial en 2002. Entre Bosch, actual diputado regional e imputado en el caso Gürtel, y el alcalde del municipio en aquel momento, Javier de Miguel, encargaron las obras y ordenaron fraccionar los contratos para eludir los trámites legales. Pero luego no pagaron.

Los trabajos para reformar la carretera entre la urbanización Las Suertes y el centro urbano se hicieron sin contrato, a pesar de que costaron 143.000 euros y la ley obliga a convocar un concurso público. "Nos dijeron que hiciéramos las facturas por menos de 12.000 euros para evitar concursos", explica Jorge Juan Montoto, administrador de Prourbanorte, la empresa que realizó las obras y que ha tardado casi siete años en cobrar. "Alegaron que era una cuestión de urgencia porque la carretera estaba muy mal", precisa el empresario. Quedaban cinco meses para las elecciones municipales y eludieron todos los trámites.

Bosch acaba de ser expulsado del grupo popular en la Asamblea por su imputación en el caso Gürtel. Según el sumario judicial, cobró 250.000 euros de la red corrupta por intermediar para conseguir contratos desde su cargo en la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla (EMSV). "Tenemos todas las mediciones, todas las facturas detalladas... Se puede comprobar la obra y nuestro trabajo", comenta el empresario que se vio perjudicado por las artimañas de Bosch.

Prourbanorte es una promotora que trabaja en la sierra madrileña. "Apenas trabajamos con la Administración", señala Montoto. En apenas un mes, entre marzo y abril de 2003, Prourbanorte emitió, al menos, 14 facturas por el importe total de 77.978 euros con el concepto "mejoras y mantenimiento de Las Zorreras". El Ayuntamiento además le adeudaba la parte correspondiente a los trabajos técnicos que previamente había realizado otra empresa a Prourbanorte, por lo que la deuda total del Consistorio ascendía a 142.944 euros. "Íbamos a asfaltar un tramo, pero nos dijeron que alargáramos la carretera hasta el centro", zanja el empresario. Prourbanorte llevó el asunto a los tribunales porque el Ayuntamiento evitaba pagarle. No había constancia formal del encargo, y eso que las facturas las recibió en el Consistorio (y firmó) el propio Bosch. Y Bosch se marchó antes de pagarlo. El actual alcalde reconoce que conceder contratos de forma verbal o fraccionarlos no es una práctica habitual.

El concejal de IU Manuel Fernández Fau ha intentado que el Ayuntamiento llevase el caso a la fiscalía y recuerda que cuando se produjo el encargo ya estaban en el Consistorio algunos concejales que ahora tienen responsabilidades de gobierno.