El Tribunal de Cuentas madura

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) cumple hoy veinte años de trayectoria. Lo hace con la satisfacción de haber consolidado la cultura de la fiscalización en la administración pública y con el prestigio de haber incluido la opinión en sus informes, un hecho que fue "pionero". Sin embargo, celebra la efeméride encallado en una última década en la que la política ha contaminado el tradicional buen hacer en las auditorías, hasta el punto de poner incluso en juego la credibilidad del propio organismo. Su reto pasa ahora por reconducir la división y ampliar horizontes con el análisis no ya sólo del buen uso del dinero, sino también de los objetivos logrados con él.

Muchas cosas han cambiado en el Tribunal de Cuentas desde aquel 1989. A lo largo de los últimos veinte años, la investigación contable ha perdido protagonismo en sus informes en favor del examen sobre el cumplimiento de la legalidad. Sobre todo a raíz de la proliferación de casos polémicos y la creciente petición de informes al respecto por parte del Parlamento: episodios como la ruinosa operación de compra de divisas por parte del Guggenheim para financiar obras de arte, el escándalo de la Fundación Balenciaga o el caso Margüello, referido a supuestas irregularidades en las contrataciones externas de Osakidetza.

El Parlamento ha incrementado su petición de informes en los últimos años

Uno de sus grandes retos pasa por agilizar la actividad auditora

Las conclusiones del tribunal han levantado en ocasiones ronchas en los organismos públicos auditados, como el Consorcio de Aguas o EITB, y en las propias instituciones. No hay que remontarse demasiado en el tiempo. La última protesta la protagonizó el pasado viernes el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, quien dolido al ver reflejadas en un informe irregularidades municipales en la contratación del polideportivo y el parking de La Peña, afirmó que el máximo órgano fiscalizador "tiene que morirse". "Yo ya no me fío de su espíritu independiente", replicó el regidor de la capital vizcaína.

Aunque a ningún gobernante le agrada ser reprendido en un informe de fiscalización, lo cierto es que en los últimos diez años los criterios de la política han estado demasiado presentes en las deliberaciones del TVCP. Fue tras el Pacto de Lizarra, a partir de 1999, cuando la unión de partidos nacionalistas rompió la relativa armonía con la que hasta entonces habían trabajado los siete vocales del tribunal. Durante la pasada legislatura, el PNV tenía tres puestos y EA otro, frente a los dos del PSE y el del PP. Pero las últimas elecciones autonómicas dieron la vuelta a la situación y, aunque la elección de los representantes se hace por seis años para evitar que coincida con el mandato político, lo cierto es que ha llegado de la mano del nuevo Gobierno vasco. Socialistas y populares disfrutan ahora de la mayoría, con dos miembros cada uno, y el PNV mantiene los otros tres. Es pronto aún para determinar si en los próximos años continuará la división precedente.

Propuesto por el PP, José Ignacio Martínez Churiaque asume desde julio la presidencia. Lo hace junto a un vicepresidente, cinco consejeros y un grupo de trabajo que integran cerca de cuarenta auditores. Dar más peso a estos últimos es, precisamente, una de sus propuestas para evitar la intermediación política que, por la propia condición de su designación, se les supone a los vocales. "Me gustaría dotarnos incluso de un estatuto interno que dé más autonomía al trabajo de los profesionales", explica.

Aunque no tiene la condición de un tribunal al uso y no emite sanciones, sino sólo informes, lo cierto es que las conclusiones del TVCP acaban aceptándose por los organismos auditados, si bien a regañadientes en algunas ocasiones. Consciente de la realidad, Martínez Churiaque pretende potenciar el papel del Tribunal de Cuentas a través de la comunicación. "Cuanto más lejos lleguen nuestras investigaciones, mayor será su repercusión social y, con ella, la importancia que le darán las instituciones para mejorar sus prácticas y corregir los fallos". En adelante, el órgano fiscalizador no vigilará sólo si el uso del dinero público se ajusta a la legalidad, sino también si con él se han cumplido "los objetivos anunciados".

Pero el gran reto "externo" del TVCP para los próximos años consistirá en agilizar su actividad. "No tiene sentido que el Parlamento nos pida un informe como expertos y se lo entreguemos dos años después", argumenta su vicepresidente, José Miguel Bonilla. En este sentido, "resultaría positivo que la Administración se acostumbrara a fiscalizar sus cuentas mediante auditorías externas", una práctica que descargaría de una ingente actividad al tribunal. Pero también ayudaría a conseguir lo marcado disponer de "más medios".