La Generalitat se ofrece para ser copropietaria de los pisos protegidos

Las restricciones crediticias para acceder a un piso protegido y el peligro de quedarse en la calle son dos de los ejes sobre los que pivota el plan de vivienda 2009-2012. El programa para los próximos tres años prevé que el Gobierno catalán pueda ser copropietario de una vivienda de protección pública (VPP), con una participación de alrededor del 20% del piso. De esta forma, el adjudicatario se ahorraría el dinero de la entrada, que debería abonar, como máximo, cuando acabara de amortizar la hipoteca. Por otra parte, el Ejecutivo prevé dar más ayudas al alquiler para quienes pierdan su casa y acuerden con la entidad financiera pasar a ser arrendatarios.

Desde hace un año, han llovido a raudales las quejas a las entidades financieras por no prestar dinero a los beneficiarios de viviendas sociales. Lo han denunciado promotores privados, sindicatos, cooperativas y la propia Administración, que han arremetido contra la banca por considerar insolventes a los compradores de VPP. Por ello, el Gobierno ha enfocado el borrador de decreto para el Plan de Vivienda en la adopción de medidas que alivien el desembolso que deben hacer los adjudicatarios para poder adquirir un piso social.

Habrá más ayudas al alquiler para quien pierda su casa y pacte ser arrendatario

Si el dueño no compra el suelo, la Administración pasa ser propietaria

La secretaria de Vivienda, Carme Trilla, explica que, sobre todo, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda empleará esta fórmula, aunque el decreto abre la posibilidad de que lo hagan también, siguiendo su estela, ayuntamientos o promotores privados. El comprador sólo asumirá al principio el coste de la vivienda, es decir, del ladrillo, y la Administración continuará siendo la titular del suelo. "Se trata de que el comprador vaya pagando cómodamente y que, sólo cuando pueda, asuma el coste del terreno", explica Trilla.

El decreto prevé que el precio del suelo pueda incrementarse durante los años que dure la hipoteca, pero no que eso pueda ocurrir por encima del 2%. En todo caso, cuando termine de pagar el préstamo, deberá adquirir el suelo. Si el propietario decide no hacerlo, la Administración pasará a ser propietaria de la vivienda, aunque el comprador podrá quedarse cinco años más en su casa.

"Nos brindamos a asumir parte del préstamo, que el comprador nos devolverá, como máximo, cuando termine de amortizar su crédito", añade Trilla.

En conjunto, el decreto es una actualización del plan que está vigente, aunque incorpora las medidas que se han ido adoptando bajo el paraguas del Pacto Nacional de Vivienda. Por ejemplo, regula el alquiler de un piso con opción a comprarlo y fija que el precio máximo del suelo público para vivienda de protección pública debe situarse entre el 15% y el 20% del valor final de venta. Esta medida, la de limitar el precio del suelo, responde a las quejas de los sindicatos y cooperativas, que se quejaron por llegar a pagar hasta el 40%, lo cual encarecía sus promociones.

El texto recoge, además, medidas urgentes para afrontar la recesión. Algunas ya se ejecutaban, pero otras no. La Generalitat ya anunció que trataría de convencer a las entidades financieras para que, en vez de subastar los pisos, los comprara con la fórmula de la dación en pago. Ello permitiría cancelar la deuda y dar la oportunidad al comprador de pasar a ser inquilino del piso. En el caso de que esta operación acabe con éxito, la Generalitat concederá al arrendatario una ayuda al alquiler sin que tenga que pasar por ninguna convocatoria. "Nos parece una buena garantía para promover el alquiler social", apunta Trilla.

El plan, por último, prevé ayudas directas para la entrada de viviendas protegidas, que van desde los 6.000 euros hasta los 12.000, en el caso de familias numerosas o monoparentales. Las mujeres que hayan sido maltratadas, las víctimas del terrorismo y las personas que se separen o divorcien de su pareja también optarán a una subvención de entre 7.000 y 11.000.