Fueros y tributos

El Congreso de los Diputados tomó en consideración el pasado martes la iniciativa legislativa aprobada el 12 de junio de 2009 por el Parlamento vasco en pleno -excepción hecha del representante de UPyD- para promover una reforma parcial de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. El objetivo de esas modificaciones es la equiparación de las disposiciones fiscales votadas por las Juntas Generales de los tres Territorios Históricos -los Parlamentos de las tres provincias (Vizcaya, Guipúzcoa y Álava) del País Vasco gobernadas por sus respectivas diputaciones forales- con las normas tributarias promulgadas por los 16 Parlamentos restantes del Estado autonómico y el régimen procesal de sus impugnaciones ante los tribunales. El carácter uniprovincial de la Comunidad Foral de Navarra hace superflua tal homologación, ya que el Parlamento autonómico de Pamplona asume las funciones de las Juntas Generales del Territorio Histórico.

El Parlamento vasco exige que la justicia contencioso-administrativa no tenga competencia sobre la fiscalidad foral

A primera vista, el espíritu armonizador de la reforma -apoyada por nacionalistas, socialistas y populares vascos- suena persuasivo. Si las modificaciones fuesen aprobadas, las normas fiscales vascas dejarían de ser recurribles -como ahora- por cualquier persona física o jurídica a través de la jurisdicción contencioso-administrativa: sólo serían impugnables ante el Constitucional -como las leyes fiscales de los Parlamentos autonómicos- por el Gobierno central o por 50 diputados o senadores.

Sin embargo, el aire consensual y pacífico de la iniciativa sufrió una misteriosa mutación durante su viaje: la solidaridad política de salida quedó rota a la llegada. Aunque el parlamentario del PP Antonio Damborenea -uno de los tres componentes de la delegación de la Cámara vasca que defendió la proposición ante el Congreso- permaneció fiel a su compromiso, los diputados del PP se pronunciaron en contra, salvo los tres electos en el País Vasco que se marcharon del hemiciclo durante la votación. La presión de las comunidades de La Rioja y Castilla y León, gobernadas por el PP, fronterizas con el País Vasco e impugnadoras por la vía contencioso-administrativa de normas forales, ha contribuido a la ruptura del consenso. Y también la abusiva y provocadora utilización por el PNV del término blindaje y el terco empeño por ligar su respaldo a los presupuestos con la reforma foral.

No faltan problemas. Existen argumentos jurídico-constitucionales contra unos cambios que se han demorado 30 años. Otros expertos apuestan por una reforma de la ley autonómica de Territorios Históricos de 1984, rechazada por el PNV a causa del recuerdo del agrio debate que provocó en su día la escisión de Garaikoetxea. También hay quien defiende la ratificación por el Parlamento vasco de las normas fiscales previamente aprobadas en las Juntas. UPyD se opone a la reforma en el contexto de su rechazo general a un concierto económico insolidario.