El juez culpa a guardias civiles del montaje contra un centro de abortos

El caso Isadora, por el que se acusaba de abortos ilegales a una clínica especializada de Madrid, no fue más que una operación de acoso fabricada por guardias civiles con fines "publicitarios e intimidatorios". Ésta es la conclusión del juez de Madrid que ha ordenado el archivo definitivo de las diligencias por no haber encontrado "el más mínimo indicio de delito" cometido en el centro.

En febrero de 2007 guardias civiles del Seprona se hicieron con restos de fetos para intentar demostrar supuestos abortos ilegales, por lo que se llamó a declarar a decenas de mujeres que habían interrumpido su embarazo en el centro. El juez dice ahora que nunca se pudo concretar un solo aborto ilegal y que el derecho a la intimidad de las pacientes quedó "devastado", pues su identidad no fue protegida en una causa en la que se aceptó a grupos de ultraderecha como acusación popular.

El auto censura que los guardias civiles -un capitán, un alférez y un sargento- hicieran un "uso espurio" del proceso y organizaran una "puesta en escena tremendista".

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