Tres constructoras que financiaban a CDC coparon los contratos públicos

Las empresas concentraron cerca del 30% de las obras de Adigsa entre 1999 y 2004

El caso del desvío de fondos del Palau de la Música sigue extendiendo su sombra sobre Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Tres constructoras especializadas en la rehabilitación de inmuebles que financiaban la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, fueron también tres de las principales beneficiadas de las adjudicaciones de obras de la empresa pública de vivienda Adigsa entre 1999 y 2004. A pesar de que en 2004 ya gobernó el tripartito, fuentes cercanas al Ejecutivo catalán indican que las obras que se facturaron ese año arrancaron con CiU.

En ese periodo se hicieron con el 28,5% de los contratos de obras de la sociedad pública, cuya gestión en la época de CiU está investigando por el juez desde que se advirtieron desviaciones de hasta el 80%. Fuentes del sector consultadas dicen, no sin ironía, que esa proporción es "mucho más que decente".

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Las constructoras Comapa (una filial de Copisa participada por la familia Cornadó desde 2001), Natur System y Rehac, SA, estuvieron durante la última legislatura de CiU sistemáticamente entre las cinco empresas con más adjudicaciones de Adigsa, según estas fuentes, y consiguieron captar obras de rehabilitación por 35,1 millones. El pelotón, inalcanzable para el resto de las constructoras, lo completaban Carsa y Teyco, perteneciente a la familia Sumarroca, cuyo creador, Carles Sumarroca, fue fundador de CDC.

Según las cuentas entregadas por la fundación al Departamento de Justicia, correspondientes a 2004 y 2005, Copisa, entonces ya matriz de Comapa, dio a la entidad de CDC 60.000 euros; Rehac SA, 48.000, y Natur System, 20.622. Esta última, además, aparece en el sumario del caso Millet. El fiscal menciona que una empresa de los entonces propietarios de esta firma, la familia Valsells, falsificó facturas para que Millet pudiera justificar desvíos.

La empresa pública Adigsa tiene una investigación abierta a raíz de una querella de la fiscalía tras la polémica del 3%, suscitada cuando en enero de 2005 Pasqual Maragall acusó a CiU de cobrar comisiones en la obra pública. La Sindicatura de Cuentas, además, halló varias anomalías en 2003 y 2004: adjudicaciones sin concurso o publicidad y adjudicaciones sin constancia en el departamento de Contratación. Eso ocurrió, según el informe de la sindicatura, en el caso de Rehac, SA.

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Según las mismas fuentes, además, las tres constructoras registraron desvíos presupuestarios por las reformas o añadidos que hicieron, en muchas ocasiones sin que se convocara otro concurso. De las 189 intervenciones que realizaron estas empresas entre 1999 y 2004, en 68 hubo desviaciones. En un caso se llegó a rozar el 70%: la obra se adjudicó por 749.000 euros y terminó costamndo 1,3 millones, cuando raramente una obra sobrepasa el 20%, según el sector.

Las irregularidades son de dos tipos: la política de inversiones, debido a una concentración de riesgos en el sector inmobiliario "tan excesiva que se ha saltado todos los límites", explica el director general de Seguros, y las "deficiencias significativas de control interno" constatadas. Nadie activó ningún mecanismo de actuación interno para dar un vuelco a esa política inversora, que ha puesto en peligro los intereses de los asegurados y la necesidad de garantizar el cumplimiento de sus contratos. Esa pasividad es uno de los aspectos que han convencido a Economía para relevar al consejo.

González sugirió ayer abiertamente que "la intervención" -técnicamente no lo es, ya que se han nombrado administradores provisionales, y no un interventor orientado a la liquidación de la empresa- puede haberse decidido influida por "la sombra del escándalo Millet". Aludía al desvío de fondos millonario efectuado por Fèlix Millet en el Palau de la Música. El ex presidente debe declarar el próximo lunes ante juez. El saqueador confeso del Palau dimitió de la presidencia de Agrupació al estallar el escándalo y cesó también en Bankpime, participado por la mutua.

Fuentes del Departamento de Economía admitieron la "posible contaminación" del caso en esta toma de control "porque, al final, las decisiones las toman personas, aunque para nada se ha buscado la conexión Millet".

El Ministerio de Economía, para el que, además de haber concentración excesiva en el negocio inmobiliario, el riesgo asociado al ladrillo se ha contabilizado de forma inadecuada, discrepa sobre los gestores sobre la situación de la mutua. "Existe un déficit en el margen de solvencia y una descobertura de provisiones técnicas, lo que implica que no hay suficientes garantías financieras", explicó Lozano, en referencia a los recursos con que una aseguradora debe contar para poder hacer frente a sus compromisos con sus mutualistas. El equipo gestor actual asegura, a partir de su valoración de activos inmobiliarios, que "el valor patrimonial no es negativo".

¿Cuál es la dimensión del problema? La DGS apunta que es similar a los ajustes contables que cuantificaron hace unos meses los auditores de la firma BDO: 60 millones de euros, debido sobre todo a los problemas de la filial inmobiliaria de la mutua, Amci Habitat. Tras esas salvedades, la firma BDO fue relevada por Fèlix Millet, que propuso nombrar a Ernst & Young. Los nuevos auditores apenas han iniciado su trabajo en la mutua.

Agrupació, que controla un 70% de Amci Habitat, invirtió 16 millones en esta inmobiliaria y le concedió otros 43 millones. El auditor puso en duda que la mutua, que pasó de ganar 30 millones a perder 13 en un año, pudiera recuperar el dinero. Amci, que con Millet de presidente y con Jordi Conejos como consejero delegado realizó inversiones hoy cuestionadas en Calabria y segundas residencias en el mar Negro, ultima la refinanciación de un crédito de 97 millones, para pasar la deuda de corto a medio y largo plazo. Pero Economía apunta: "No está claro si el problema es una mera refinanciación o bien estamos ante un problema de solvencia, de capital, en toda regla". Lozano subrayó "la total colaboración" y la "buena disposición" de la Generalitat y del equipo de González y su vicepresidente, Martí Parellada, con quienes se reunió ayer en Barcelona.

Seguros tiene interés en que las aseguradoras estén dirigidas por directivos conocedores del sector. A ese perfil responden los dos administradores nombrados ayer: los abogados Sergio Gago y Jacint Boixasa. Este último fue director general de Política Financiera y Seguros de la Generalitat. Se da la paradoja de que Boixasa estaba asesorando a González y a su equipo en la reorientación del negocio de la mutua hacia el negocio asegurador.

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