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Las consecuencias políticas del 'caso Gürtel'
Columna
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Las cuentas del Gran Capitán

La fracasada tentativa de hacer dimitir a Ricardo Costa como secretario general en Valencia y la áspera expulsión del grupo parlamentario madrileño de los diputados autonómicos López Viejo, Martín Vasco y Bosch (que conservan, sin embargo, sus actas) han sido las únicas medidas disciplinarias adoptadas hasta ahora por el PP tras el levantamiento parcial del secreto de las actuaciones sumariales sobre la trama Correa. La respuesta es insuficiente si se deseara realmente lavar la cara de una organización ensuciada por ese escándalo político-mafioso precisamente cuando la crisis económica y los sondeos electorales esbozaban la posibilidad de una pronta llegada al poder.

La reacción en Madrid de Esperanza Aguirre ha sido en términos comparativos mucho más contundente que el apaciguador intento de apaño de Francisco Camps con Ricardo Costa en Valencia. Sería un malicioso juicio de intenciones -la estrategia preferida por la presidenta madrileña para descalificar las críticas de la prensa independiente- atribuir a Esperanza Aguirre el propósito de segar la hierba bajo los pies del indeciso Rajoy a fin de ocupar su puesto: su visión sólo parcial resulta en cualquier caso preferible en un partido de ciegos políticos.

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Si bien luego llegarían suculentos negocios ilegales de recalificaciones urbanísticas, contratas de obras y licencias inmobiliarias, el primer yacimiento explotado por la trama Correa con su maquinaria de comisiones ilícitas, facturas falsas y sobornos políticos fue el montaje de espectáculos circenses para hacer publicidad encubierta a los dirigentes del PP en Madrid y Valencia.

La organización de esos fastos, primeras piedras, belenes, conmemoraciones, entregas de premios, verbenas, ferias, procesiones, homenajes, inauguraciones y festejos pagados con dinero público para que los altos cargos autonómicos pudieran lucir el palmito ha proporcionado a sus promotores una saneada fuente de ingresos. No les faltaba trabajo. La convergencia del insaciable afán de lucro de la trama Correa y de la no menos inagotable vanidad narcisista de Aguirre y Camps se tradujo en la obsesiva presencia de ambos en las primeras páginas de los periódicos puestos a su servicio y de Telemadrid y Canal 9, programadas como el espejo de la madrastra de Blancanieves. "Todos son actos de ella", se lamentó Correa a uno de sus colaboradores, que dio la razón a su jefe: "Además es que no para, la tía". Don Vito remacha: "La señora [Esperanza Aguirre] estaba todo el día en hospitales y en metros", con el agravante de que "había que hacer cuatro facturas" si el acto de turno ascendía a 30.000 euros.

Sería relevante en términos políticos calcular el coste para los contribuyentes madrileños y valencianos de la adicción exhibicionista de Aguirre y Camps, empujados por esa compulsión a despilfarrar el dinero de los impuestos en un rosario de costosos actos organizados sólo para justificar la presencia de las cámaras. Desde el lado de la oferta, parece razonable suponer que la trama Correa no tuvo demasiados reparos a la hora de abultar las facturas por unos servicios en sí mismos superfluos. Del lado de la demanda, no existe constancia de que los clientes regateasen el precio, si bien los procedimientos de la Administración Pública dificultarían la contratación directa y aplazarían los pagos. En el sumario quedan registradas las maldiciones de Correa ante los retrasos, lanzadas con su habitual estilo florido y delicado: estaba "hasta los huevos" no sólo de la deuda de un millón de euros de la Comunidad madrileña sino también de "todas las guarrerías" ("todos los actos son chorizadas") de la gente de Esperanza Aguirre.

La contestación del Gran Capitán al ser requerido -según la leyenda- por la Hacienda Real a justificar los elevados gastos de sus campañas italianas hubiera podido servir de modelo a Francisco Correa para reclamar el pronto pago del dinero adeudado por las Comunidades de Madrid y de Valencia. Cuando la burocracia de la Corte siguió importunándole, el invicto Gonzalo Fernández de Córdoba facturó 200 millones de ducados "por guantes perfumados para que los soldados no oliesen el hedor de la batalla" y otros 100 "por tener que descender a estas pequeñeces del Rey a quien he regalado un reino". También la trama Correa ha librado a Aguirre y a Camps de soportar el pestazo del trabajo político sucio.

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