Montilla y De la Vega defienden la constitucionalidad del Estatuto

"El Estatuto es una ley vigente que se ha de continuar aplicando y desplegando como desde hace tres años". Palabra por palabra, la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente de la Generalitat, José Montilla, coincidieron ayer en Barcelona en pedir calma y no especular ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. "Es el tiempo de los jueces y es prudente respetarlo sin presiones, injerencias, ni aspavientos", insistió De la Vega, de visita oficial a Barcelona. Ya habrá tiempo para primero "acatar" la sentencia y posteriormente "estudiarla y valorarla". Ambos mandatarios aseguraron que están convencidos de la "plena constitucionalidad" de la Carta catalana, y recordaron que ha sido aprobada por el Parlament, el Congreso y por los catalanes en referéndum.

La vicepresidenta aseguró que la sintonía entre el Gobierno y la Generalitat es "total" y se refirió al "firme" compromiso de La Moncloa con Cataluña, que se traduce en los casi 4.500 millones de euros que los presupuestos generales del Estado prevén para Cataluña. La comunidad, aseguró, "actúa como motor de arranque para salir de la crisis".

Montilla fue más comedido en su valoración de la reunión, pero insistió en que el Gobierno central sigue comprometido con la plena constitucionalidad del Estatuto y en la necesidad de continuar desplegándolo. El presidente aseguró que en ningún momento de la reunión se habló de una eventual sentencia contraria del Tribunal Constitucional. Con todo, el encuentro tuvo más de reunión protocolaria que de trabajo.

De la Vega apostilló que el traspaso de Cercanías será efectivo a partir del 1 de enero de 2010 y que antes de fin de año se licitarán las obras de la estación de tren de la nueva terminal T1 del aeropuerto de El Prat.

Montilla y De la Vega también hablaron del saqueo del Palau de la Música. Tras recordar que está en manos de la justicia, la vicepresidenta apuntó: "en cuestiones de corrupción, la posición del Gobierno es clara: tolerancia cero".