"Me quitaron a mi niña y no me han dejado verla en seis años"

Dolores Hernández vive en Hontanar, un pueblo diminuto de los Montes de Toledo situado en medio de un frondoso valle. Tiene 32 años, es gitana y trabaja de forma intermitente como barrendera. Creció en Toledo, pero hace seis años y medio se trasladó a Hontanar con Apolonio, su pareja. Él es de allí, tiene 60 años y está jubilado. Entre la pensión de él y el sueldo de ella ganan unos 1.500 euros al mes. Además, en su finca hay olivos, y cada año venden la aceituna.

Sus dos hijas van a cumplir cuatro y cinco años. Cada mañana las recoge un autobús, junto a los otros siete niños del pueblo, para llevarlas al colegio más cercano, en Navahermosa. Pero Dolores tiene otra hija, de ocho años, que vive desde hace seis con una familia de acogida. No la ha visto desde entonces. La Junta de Castilla-La Mancha asumió la tutela porque consideraba que no la cuidaba bien. Nunca le han concedido un régimen de visitas. Después de años de pelea judicial, el Supremo ha decidido esta semana que se quede con su nueva familia, que esto es lo mejor para ella teniendo en cuenta las circunstancias y lo bien adaptada que está a su nuevo entorno. Dolores no lo entiende. "Me quitaron a mi hija y no me han dejado volver a verla. Tiene dos hermanas. ¿No va a conocerlas nunca?". La familia de acogida ha preferido no hacer declaraciones.

"Quiero que conozca a su madre y a sus dos hermanas"

"El tiempo ha corrido en nuestra contra", dice el abogado

Un tribunal había dado la razón a los servicios sociales y otro, a la madre

La Junta asegura que se examinará cualquier petición de Dolores

La historia es complicada. Dolores dio a luz a Susana -como se va a llamar a la niña en este reportaje-, cuando tenía 24 años. Vivía con el padre, un chico que no era gitano. Cuando la pequeña tenía un año, se separaron. La relación con la madre de él era muy mala. "Ella fue la que empezó a denunciarme", recuerda. "Decía que no la cuidaba. Pero a mi niña nunca le faltó nada".

Dolores tiene un leve retraso mental y apenas fue a la escuela. La suegra dijo que era prostituta y que jugaba a las máquinas. Ella lo niega todo. "Y esos hechos nunca se probaron de ninguna forma", resalta el abogado de Dolores, Isidoro Sánchez, que la ha acompañado casi desde el principio. "Lo que consta en el expediente es que en una ocasión los técnicos de servicios sociales fueron a la casa y detectaron que las condiciones no eran buenas. Después de eso, dicen que ella no les abrió la puerta. Que no colaboraba. Pero el resto son sólo suposiciones". Y la sentencia de uno de los tribunales que se ha ocupado del caso habla, de hecho, de "rumores".

La Junta asumió la tutela de la niña en abril de 2003. Dolores, que ya estaba con Apolonio, se marchó con él a Hontanar para que no se la quitaran. "Pero un día que estaba sola, en agosto, llegó la Guardia Civil. Me dijeron que si no abría iban a tirar la puerta abajo y me la arrancaron de las manos". "Los agentes fueron con técnicos de los servicios sociales", aclara un portavoz de la Junta.

Desde entonces, madre e hija no han vuelto a verse. La Junta de Castilla-La Mancha no lo ha permitido. "Yo hice todo lo que pude, fui a verles, busqué a un abogado, pero nadie me ha explicado qué es lo que he hecho tan grave", se lamenta Dolores. "Cuando pasó todo esto yo estaba embarazada de nuevo y casi pierdo al bebé".

Los abogados de Dolores pidieron por escrito las visitas en septiembre. En cuanto se las negaron comenzaron la lucha judicial. Pero la justicia es lenta, muy lenta, y cada mes que pasaba era un mes más en el que la niña vivía junto a la familia de acogida que se ocupó de ella desde que la Junta asumió la tutela.

Cuando se dictó la primera sentencia ya habían pasado dos años. Era julio de 2005. Ese primer juez no entró a valorar la actuación de la Junta. La psicóloga del juzgado dijo que Dolores estaba "adaptada y con estabilidad familiar" pero que presentaba "déficit en áreas cognitivas" y en habilidades sociales y educativas. Y que, como Susana estaba ya integrada en su nuevo hogar, un cambio podría provocarle "un desajuste psicológico" y "problemas de estrés y ansiedad". El juez decidió que la niña se quedara con la familia de acogida.

Con la primera resolución en la mano cabe ya preguntarse varias cosas. En primer lugar, esa "estabilidad familiar" de Dolores dice la sentencia que se la proporcionaba Apolonio, con quien ella ya vivía cuando le quitaron a la niña ¿No habría sido posible, a la luz de la evolución positiva de Dolores, establecer un régimen de visitas y ver cómo marchaba antes de decidir eliminar a la madre de la vida de la hija definitivamente? En segundo lugar, cuando la psicóloga señala que Dolores tiene "déficit cognitivos" está afirmando algo que ya todos sabían, puesto que nadie ha negado que tenga un retraso mental. ¿Se le debe prohibir entonces tener hijos aunque cuente con ayuda? Y, finalmente, si el mero el paso del tiempo hace que los niños, como es evidente, se acostumbren a un nuevo entorno, ¿qué posibilidad tiene una madre o un padre de pedir que se revise una actuación de la Administración? La respuesta judicial llegará siempre años más tarde, y entonces ya no será viable enmendar ningún error.

Hugo Muñoz, director general de Familia de Castilla-La Mancha, defiende la actuación. "No tenemos ningún interés en apartar a los hijos de sus padres. Al contrario. Nuestros técnicos, después de verificar la situación, entendieron que eso era lo mejor". ¿Y por qué no se permitieron visitas al principio? "Se consideró que se había llegado a una situación de no retorno", señala.

Dolores recurrió la primera sentencia. La Audiencia Provincial del Toledo les dio la razón en noviembre de 2006 y se pronunció en términos muy duros sobre la actuación de la Junta. Dijo que se había intentado "apartar a la menor por todos los medios de la presencia de la madre" y que "ni los problemas económicos eran tan acuciantes ni la desatención de la menor tan grave como para justificar tan drástica decisión". Concluyeron que la niña debía volver con Dolores.

La Junta y los padres de acogida recurrieron al Supremo y se negaron a cumplir la sentencia. "Entonces pedimos la ejecución provisional en el juzgado, y en términos razonables", señala el abogado de Dolores. "Dijimos que madre e hija empezaran a verse poco a poco. Nada. Y el juez acabó diciendo que, como había pasado mucho tiempo, era mejor esperar a ver qué decía el Supremo".

Cada año que pasaba, más adaptada estaba Susana a su nuevo hogar. A Dolores ni la recuerda. El Supremo ha fallado esta semana. En una sentencia novedosa y muy celebrada por los expertos en la materia, ha dispuesto que por encima de todo debe buscarse el interés del menor. Y ha decidido que lo mejor para Susana es quedarse con su familia de acogida. Por dos motivos. Primero, por su buena integración. Después, porque Dolores sigue padeciendo retraso mental y, como depende de la ayuda de Apolonio, se considera que hay cierto riesgo.

Hugo Muñoz asegura que si la madre pide ahora visitar a su hija, "se examinará la cuestión con detalle y se decidirá lo mejor para la menor". Cuando se le pregunta a Dolores si no cree que para la niña sería un shock dejar a su actual familia y volver con ella, insiste en que tienen que estar juntas. "Al menos que me dejen verla y presentarle a sus hermanas". Las niñas, mientras habla la madre, juegan en los columpios. Se ríen y piden merendar. "Yo las visto, las lavo, les doy de comer. Están bien ¿no?", pregunta.