Corrupción pública y empresa privada

La concesión irregular de contratos a determinadas empresas por parte de las administraciones públicas, bien por el procedimiento de fraccionarlos en lotes de menos de 12.000 euros que no requieren concurso público, o en el caso de hacerlo por el de pasarse por el arco del triunfo el principio de la libre competencia, tiene un alto coste social.

Tanto si con esto sólo se beneficia a los amiguetes, como si una parte del mayor coste acaba en el bolsillo de quienes deciden y/o en la contabilidad B del grupo político que detenta el poder en ese momento, el daño al sistema es importante.

Por un lado, contribuye al desprestigio de las instituciones, lo que lleva a la radicalización o al pasotismo. Por otro, produce perjuicios económicos: uno, general, porque -como siempre- somos los ciudadanos de a pie quienes terminamos pagando un dinero que acaba ilegalmente en bolsillos ajenos; y otro, particular, que afecta a las empresas cuyas ofertas son sistemáticamente rechazadas, a pesar de ser más competitivas en coste y garantías que las de quienes se benefician de una "relación especial" con el poder.

En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, donde este modo de actuar ya era un secreto a voces mucho antes de destaparse el caso Gürtel, llama la atención el mutismo absoluto y la falta de reacción, tanto de las organizaciones empresariales, CEOE, CEPIME, y CEV, entre otras; como de los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, ante un problema que afecta a empresarios y a trabajadores, y que pone en riesgo el futuro de sus empresas y de muchos puestos de trabajo.