Un caso de consecuencias políticas inciertas

Tal vez por su formación de juez, una de las obsesiones de Juan Ignacio Zoido desde que se hizo con las riendas del PP en el Ayuntamiento de Sevilla es buscar irregularidades en la gestión del gobierno (PSOE e IU). En los dos últimos años, los populares han puesto bajo sospecha subvenciones municipales, gastos en viajes o contratos por supuesto enchufismo. Varias denuncias cada mes hasta que se destapó el caso Mercasevilla, en el que el PP centra ahora sus esfuerzos mediáticos y gran parte de sus expectativas electorales. ¿Pero qué consecuencias políticas pueden de verdad derivarse de este caso para el Ayuntamiento de Sevilla?

Al contrario que en otras ocasiones, la situación del gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín no genera "ninguna inquietud" en la sede del PSOE de Andalucía. Entre otros motivos, porque la denuncia partió de la Junta y el alcalde ha colaborado con la justicia. Tres destacados dirigentes de la ejecutiva regional afirman, de manera categórica, que "no hay nada de preocupación" y descartan movimientos internos que pongan en duda la continuidad de Monteseirín hasta el final de su mandato. Nadie, en el PSOE, ha intentado recuperar el argumento de hace un año de propiciar un cambio en la alcaldía, entre otros motivos, porque las opciones reales de sustitución son casi inexistentes. Con todo, estas fuentes admiten que "no gusta" que la labor de gobierno se enturbie por estos asuntos.

En la ejecutiva regional afirman que no hay "nada de preocupación"

En el entorno de Monteseirín, la opinión no es tan contundente. Mientras algunas fuentes se muestran convencidas de que el asunto "no salpicará" al gobierno, otros se expresan con cautela, no por temor a que el alcalde o uno de sus ediles esté directamente implicado, sino por si lo está alguna de las personas de más confianza de Monteseirín.

Dos personas próximas al alcalde muestran preocupación por las consecuencias que pueda tener la implicación de Domingo Enrique Castaños, ex director de área de Vía Pública y ex consejero de Mercasevilla y que ahora es alto ejecutivo de una filial de Sando, la constructora a la que, supuestamente, benefició la empresa pública. Entre la documentación que estudia la juez hay correos intercambiados entre Vía Pública y la trabajadora de Urbanismo María Victoria Bustamante (que ya está imputada) para modificar los pliegos de venta de los terrenos de Mercasevilla.

El PP no lo ha pasado por alto y el viernes recordó en una rueda de prensa la "estrecha relación" entre Castaños y el alcalde. El temor de algunas fuentes socialistas es que se derive imputación contra ésta u otras personas próximas a Monteseirín y éste tenga que dar explicaciones. "Hay personas muy de su confianza y se le puede complicar la cosa", admite alguien de su entorno. Otros, muy conocedores del caso, se muestran seguros de que no va a ser así. "El PSOE llevó el caso a los tribunales, propuso la auditoría, llevó a la juez las conclusiones. Todo lo que tiene la juez se lo ha dado el PSOE, que no tiene nada que esconder", apunta este cargo municipal.