Bruselas concedió garantías a Dublín para evitar el 'no'

El apoyo de los irlandeses ayer a la ratificación del Tratado de Lisboa le ha dado la vuelta al voto contrario que emitieron en un primer referéndum en junio de 2008. Aquélla era la segunda vez que los irlandeses rechazaban en referéndum una propuesta de tratado europeo, como ya había ocurrido con el de Niza en 2001. Como entonces, y una vez pasado el pasmo inicial, la estrategia de Dublín ha sido estudiar las causas del voto negativo y pedir garantías a sus socios de que esas preocupaciones serían tenidas en cuenta antes de convocar un segundo referéndum.

Una encuesta realizada por la Comisión Europea entre 2.000 irlandeses que habían votado no al Tratado de Lisboa en el primer referéndum puso de relieve que para el 22% de los encuestados la principal razón de su voto negativo fue que no conocían el Tratado, y un 12% argumentaba que querían con su voto "proteger la identidad irlandesa".

El 22% de los votos negativos en 2008 se debió al simple desconocimiento

Pero citaban también otra larga serie de objeciones: miedo a perder la neutralidad o su sistema fiscal, quedarse sin comisario, temor de que les obligaran a introducir el aborto o el matrimonio homosexual, o simplemente por estar contra la integración europea o contra el dictado de los grandes países en la UE.

Un año después del primer referéndum, el Consejo Europeo acordó en junio pasado "dar garantías legales de que ciertas materias y preocupaciones del pueblo irlandés no se van a ver afectadas por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa" y el compromiso de que esas garantías serían legalmente vinculantes desde la entrada en vigor del Tratado.

Esas garantías tienen la forma de un anexo legal del Tratado que garantiza que el Tratado en nada afecta a la política que siga Irlanda en materia de aborto, protección de la familia y educación. Que el Tratado no introduce ningún cambio de ningún tipo para ningún Estado miembro en las competencias de la UE en materia fiscal. Que el Tratado no afecta la tradicional política de neutralidad de Irlanda y que corresponde al Gobierno irlandés decidir si se suma o no a una política común de defensa o si participa o no en una operación militar.

Adicionalmente, una declaración solemne sobre derechos de los trabajadores y política social despejaba los interrogantes planteados por los votantes irlandeses en esas materias, incluidos servicios públicos como educación y sanidad.