Licencia a partir de 1.300 metros

El tamaño a partir del cual un establecimiento comercial deberá solicitar una licencia para abrir en Cataluña no será de 800 metros cuatrados como preveía el Gobierno catalán, sino de 1.300 metros o más. La Generalitat ha aceptado elevar el listón tras sus conversaciones con el sector sobre la nueva ley catalana, que consagra, con algunas excepciones, el principio de que el comercio sólo debe ser posible dentro de los núcleos urbanos.

No es la única cesión a la Mesa del Comercio, que agrupa tanto a los pequeños comerciantes como a los supermercados. Así, el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa ha aceptado también enterrar su idea inicial de que puedan implantarse grandes zonas comerciales en áreas fronterizas con otras comunidades o con Francia. "Para que haya un pacto, todos tienen que ceder algo. Debe haber un equilibiro correcto y razonable entre los más proteccionistas y las más ultraliberales", comentó ayer el consejero Josep Huguet, quien añadió: "Será difícil que nos podamos mover demasiado a partir de aquí, unos mílimetros, pero no metros". El pequeño comercio reclama mayor simplificación administrativa, un marcaje más restrictivo a los hipermercados y dar menos margen a los ayuntamientos en la toma de decisiones sobre aperturas. Y ha presentado su contrapropuesta, pactada con los supermercados.

No todo son concesiones. Si los comerciantes exigen, por ejemplo, que las grandes superficies (más de 2.500 metros cuadrados) sólo se puedan implantar en tramas urbanas de más de 100.000 habitantes, el anteproyecto, por el contrario, recoge que puedan hacerlo en las de más de 70.000, o bien que sean capitales de comarca, si se trata de municipios con vocación de crecimiento. Además, la Generalitat dará licencia en el caso de los establecimientos de 2.500 metros cuadrados o más. Entre 1.300 y 2.500, les corresponderá hacerlo a los ayuntamientos. Por debajo de 1.300, bastará con una mera comunicación al municipio.

Tanto la Anged, que reúne a los grandes operadores, como la Confederación Catalana de Comercio piden tiempo para analizar el nuevo texto, que será explicado por el propio Huguet la semana que viene en Bruselas. La Comisión Europea cuestiona la normativa catalana tal como está ahora: afirma que contraviene la nueva directiva de servicios, más liberalizadora. "El modelo de defensa del comercio urbano cabe perfectamente en la directiva, pero cambiaremos de método para cumplir", apuntó Gemma Puig, directora general de Comercio.

Tras una embestida, un freno y marcha atrás por la presión de Cataluña, el Gobierno central ha dado vía libre a las autonomías para que que fijen sus propios criterios sobre las aperturas comerciales. Baleares es, con Cataluña, la comunidad más restrictiva con los híper. Al otro extremo, Madrid.

El intento de cocinar un preacuerdo antes de que el texto llegue al Parlament, más las discrepancias internas en el tripartito sobre aspectos como el margen que se da a los ayuntamientos (el PSC es más municipalista), ha ido retrasando la nueva ley. Lejos de la fecha que marca Bruselas (1 de enero próximo), la catalana no podrá entrar en vigor hasta "los primeros seis meses de 2010".

Huguet quitó hierro al incumplimiento. La normativa de comercio se cambia para adaptarse a la directiva europea de servicios. Y dicha adaptación debe tener lugar antes del próximo 1 de enero. El temor del sector, y de CiU, se fundamenta en la eventualidad de que las empresas que pidan una licencia a partir del 1 de enero se encuentren con que la Generalitat se la deniegue sobre la base de la vieja normativa (ahora vigente), cuando en teoría debería ya ser papel mojado, y puedan invocar los principios de la directiva ante un tribunal. Comercio negó que la directiva europea pueda ser invocada ante un tribunal.