Un alto cargo de ERC encargó el informe del tripartito sobre periodistas

El informe ordenado por el Gobierno catalán en 2007 con análisis sobre la opinión de varios periodistas acerca del tripartito se hizo por encargo de un alto cargo de la órbita de Esquerra Republicana. El polémico estudio, que costó 27.000 euros y por el que la oposición exigió ayer dimisiones, fue un encargo del director general de Comunicación Corporativa, Jordi Fortuny. Fuentes próximas a este organismo confirmaron ayer el encargo, aunque subrayaron que la decisión de elaborar el documento llegó "de más arriba".

Las pesquisas para conocer el origen del informe desataron un cruce de acusaciones entre diferentes altos cargos del Gobierno. El entorno de Fortuny y otras fuentes del Departamento de Presidencia reconocieron que el director general firmó el encargo, pero apuntaron directamente al ex director general de Comunicación de Presidencia, Antoni Bolaño, como ordenante final del informe. Estas fuentes argumentaron que si bien Fortuny tiene potestad para firmar peticiones de este tipo, la orden de realizar estudios debe salir de instancias superiores. Bolaño negó tajantemente cualquier implicación: "Yo no firmé el encargo ni lo ordené; no era una labor que fuera de mi incumbencia", afirmó. Sin embargo, Bolaño dijo en declaraciones a RAC 1 que el informe era necesario: "Si se quiere fijar la imagen del Gobierno, hay que contrarrestar unas tendencias de opinión". Y añadió que se siente "solidario" con la persona que lo encargó.

El tripartito admite el error del encargo, pero descarta dimisiones

ICV afirma que el dictamen "no es lo más apropiado"

El polémico estudio se titula Comunicación estratégica de la acción de gobierno y elaboración de mensajes y eslóganes institucionales. Se trata de un compendio de artículos publicados en diferentes periódicos con comentarios acerca de la opinión de quienes los firman y sobre sus simpatías políticas. Pese a la publicación de diversos fragmentos del estudio, el Departamento de Presidencia se niega a difundirlo y mantiene que el encargo inicial no preveía la inclusión de comentarios sobre periodistas. "El autor del informe lo hizo de forma voluntaria", aseguran. Pese a que el estudio no se ajustaba por completo a la petición, Presidencia pagó lo establecido anteriormente: 27.000 euros.

La fórmula empleada para contratar el informe también es poco frecuente. El concurso lo ganó la empresa Disseny i Comunicació, representada por Josep Isern. Pero la otra empresa que optaba al encargo, representada por Xavier Obón, acabó participando en el proyecto pese a no resultar elegida. Se da la circunstancia de que Obón trabajó en 2008 en la Dirección General de Comunicación del Gobierno, tal como consta en la propia página web de la Generalitat. Obón se negó ayer a desvelar si sigue trabajando para la Generalitat. Preguntado por Efe, también se negó a aclarar si cuando firmó el informe también trabajaba para la Administración catalana.

Las tensiones vividas ayer entre altos cargos del Gobierno a cuenta del informe se trasladaron a los partidos que apoyan al Ejecutivo. El partido más molesto con la situación fue Iniciativa per Catalunya. Su secretario general, Joan Herrera, aseguró que realizar un estudio en el que se examinan la opinión de articulistas y sus tendencias políticas "no es lo más apropiado". Los ecosocialistas están molestos, además, porque la auditoría sobre el conjunto de los informes encargados por el Gobierno en 2007, de la que se desprende que el 16% son inútiles o excesivamente caros, no es justa con todos los departamentos del Gobierno. Concretamente, ICV considera que la auditoría es excesivamente dura con el Departamento de Interior, que dirige Joan Saura. Este departamento encargó cinco informes considerados "poco útiles" por los auditores.Sin embargo, estos informes se acabaron convirtiendo en un libro del Instituto de Estudios Autonómicos, por lo que ICV rechaza que se puedan tildar de "inútiles".

Esquerra fue más comedida. Su secretario general, Joan Ridao, evitó comentar el estudio, aunque admitió que el documento podría estar en la lista de informes "innecesarios". El PSC también rechazó comentar el informe, pero su portavoz, Miquel Iceta, hizo hincapié en que la Generalitat ha reducido el gasto en informes.

La oposición exigió que se depuren responsabilidades. El número dos de Convergència Democràtica, Felip Puig, aseguró que el informe demuestra el "talante intervencionista y con visión totalitaria" del Gobierno catalán, y recordó que el Gobierno de Pasqual Maragall también encargó un estudio sobre periodistas que acabó con la dimisión del entonces secretario de Comunicación, Miquel Sellarès. Puig, obviando que los gobiernos de Jordi Pujol elaboraron listas de periodistas críticos, calificó de "impropio de una democracia occidental" el informe que ahora ha trascendido. Por eso pidió que se depuren "responsabilidades políticas".

En relación con el mismo asunto, el grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona pidió información por el gasto de 12 millones de euros en informes a lo largo de 2008. La petición del grupo de la oposición se ha producido después de la revisión de cuentas de 2008 en las que aparecían las cantidades liquidadas, la mayoría inferiores a 12.000 euros, por informes.

La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, exigió dimisiones "inmediatas" y una comisión de investigación por la "malversación de fondos en informes inútiles".