Hacienda lleva al Supremo la disputa con Álava por los 450 millones del IVA

El Ministerio de Hacienda recurrió ayer ante el Tribunal Supremo la resolución de la Junta Arbitral -el órgano que dirime los conflictos sobre los impuestos concertados- que falló a favor de Álava en su disputa por el IVA asociado a la importación de los coches de la empresa MG Rover entre los años 1990 y 2005 y cuyo importe se estima en 450 millones de euros. El recurso ha causado contrariedad en el Gobierno vasco, aunque la medida ya se esperaba de alguna manera. No obstante, el ministerio no ha solicitado en ese acto ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la entrega de los 450 millones en disputa a la Hacienda alavesa.

El caso es que la larga pugna de 15 años por ese dinero, ingresado en su momento por la Hacienda estatal, se ha convertido en las últimas semanas en un asunto central de la política vasca. Sustancialmente, porque recibir esa cantidad en pleno hundimiento de la recaudación supondría una inyección de ingresos que aliviaría de forma considerable las cuentas del Gobierno vasco y las diputaciones (el 70% del importe iría al Ejecutivo y el resto a las arcas forales).

El Gobierno vasco reclamará intereses de demora si el ministerio no paga

El consejero de Hacienda, Carlos Aguirre, ha instado a la Administración central, verbalmente y por escrito, a que ingrese el dinero, y el PNV lo ha convertido en una cuestión central en la negociación presupuestaria con el PSOE en el Congreso de los Diputados. Sin el ministerio discrepa de la interpretación hecha por la Junta Arbitral y está dispuesto a pelear judicialmente por la cantidad disputada.

El litigio se centra en la recaudación del IVA de los coches de la marca MG Rover. La sede en España de la empresa británica ya desaparecida estaba en Madrid, pero su distribuidora operaba desde Álava. Los coches llegaban desde el Reino Unido, a través del puerto guipuzcoano de Pasajes hasta el centro logístico de Araia, desde donde se distribuían, en función de la demanda, a los concesionarios de la marca de toda España. La Hacienda foral defendía que el punto de venta era Álava, pero el ministerio entendió que la presencia de los vehículos en este territorio era circunstancial y obligó a Rover a ingresar el IVA en la Hacienda central desde 1990 hasta 2005, en que también se concertó ese impuesto.

La Diputación alavesa anunció ayer mismo que, a la vista del recurso, va a girar la liquidación de los 450 millones a la Agencia Tributaria, que tendrá diez días para hacer efectivo el pago. La institución foral ha transmitido al ministerio que está incluso dispuesta a negociar una fórmula de pago fraccionado, teniendo en cuenta la importancia de la cantidad.

Aguirre anunció por la mañana, antes de conocerse la decisión ministerial, que, si Hacienda recurría al Supremo el Gobierno vasco se personaría como parte y demandará el cobro de los intereses de demora por todos los años transcurridos. La cantidad a ingresar "podría incluso duplicar" los 450 millones, según fuentes de la consejería.