Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Tribunal valenciano saca del sumario la posible financiación del PP al pedirlo Camps

El PSOE anuncia acciones para esclarecer si el PP recibió fondos ilegalmente

Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, ha vuelto a conseguir el favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien considera más que un amigo. La Sala Civil y Penal ha eliminado de las diligencias, a petición de Camps, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que consta la supuesta participación de empresas como Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino, y Lubasa, en la presunta financiación irregular del PP valenciano.

El informe, de 89 folios y cinco anexos lo han eliminado de las diligencias los mismos tres magistrados que hace unos días lo incorporaron a la causa, los mismos que también archivaron el 3 de agosto la parte del caso Gürtel que se instruyó en Valencia: Juan Luis de la Rúa, Francisco Ceres y Juan Montero. Los argumentos son puramente formales, sin entrar a analizar el fondo de la información, que forma parte de las averiguaciones del caso Gürtel y que se basa en la actividad de distintas empresas que habrían financiado irregularmente al PP valenciano.

El informe recoge que el PP valenciano supuestamente financió algunos de sus actos con dinero procedente de media docena de constructoras, que pagaban a una intermediaria, Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa.

Este nuevo carpetazo se sustenta en que el informe policial, que llegó el pasado día 31 de julio (en plena deliberación sobre el archivo de la causa contra Camps), fue remitido "sin que existiera petición al respecto ni por parte de la Sala ni por el magistrado instructor". El tribunal superior agrega que no es ni un atestado ni una denuncia (y, por ello, no les obliga a considerarlo), que se excede del objeto por el que se aceptó la competencia de los hechos investigados (posible cohecho de los cuatro imputados) y que la causa está archivada.

El tribunal que preside De la Rúa no sólo no atiende una posible financiación ilegal sino que estima una súplica de Camps que pedía que se retirase de las diligencias el informe policial. La Sala acuerda que el informe policial con los indicios de financiación irregular del PP valenciano no forme parte de las actuaciones y se devuelva al órgano que lo envió. Y dice más: considera que la fiscalía tuvo oportunidad de presentar un recurso y no lo hizo.

"Tenemos caso Gürtel para rato", dijo Ángel Luna, portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas. Este partido seguirá adelante con el recurso contra el archivo de la causa e iniciará acciones legales para esclarecer si hubo financiación irregular. La portavoz de Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, agregó que el informe completa el rompecabezas. "Es la historia completa que todo el mundo ve menos el señor [Juan Luis] De la Rúa".

Camps negó que exista "ningún problema" con la financiación del PP cuya economía está auditara por el Tribunal de Cuentas. Su vicepresidente tercero, Juan Cotino, dijo que los vínculos de la empresa de su familia con la del Bigotes son "comerciales".

Según fuentes fiscales, la negativa del Tribunal de Valencia a admitir el informe de la Brigada de Blanqueo no significa que éste no pueda ser investigado por el juez de Madrid Antonio Pedreira que también lo tiene en su poder. Si aparecen racionales de delito, no podrán incorporarse a las diligencias archivadas por los trajes de Camps, pero si podría abrirse otro procedimiento distinto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de septiembre de 2009