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Editorial:

Bajo sospecha

El magistrado amigo de Camps vuelve a echarle una mano en el tribunal valenciano

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, presidido por el magistrado Juan Luis de la Rúa, ha tomado otra decisión sorprendente en el caso Gürtel: devolver a la Brigada de Blanqueo de Capitales el informe que le remitió el pasado 31 de julio y que apunta a una financiación irregular del PP valenciano. El tribunal ya había rechazado investigar el contenido del informe, pero lo había unido a las diligencias que concluyeron en el archivo de la causa por los trajes abierta contra Camps. Éste ha exigido que tal informe desaparezca de las diligencias judiciales, como si no hubiera existido. Y el tribunal ha accedido.

Según avanza la investigación judicial sobre el caso Gürtel se pone en evidencia el error que supuso por parte de la Fiscalía Anticorrupción no haber recusado a su debido tiempo al magistrado Juan Luis de la Rúa, tras haber aireado sin recato alguno Francisco Camps la "íntima y sentida relación" que le unía a él. La contrapartida a ese reconocimiento público de amistad habría sido la abstención. Si De la Rúa no se abstuvo, era deber de la Fiscalía Anticorrupción haber planteado su recusación.

No haberlo hecho ha proyectado sobre el Tribunal Superior como tal una imagen de parcialidad difícil de evitar. La presencia de De la Rúa desvirtúa la apariencia de imparcialidad objetiva que debe ser inherente a todo tribunal de justicia y hace sospechosas de parcialidad las decisiones que tengan que ver, directa o indirectamente, con su amigo Camps.

Sucedió con el sorprendente archivo de la causa por los trajes regalados por la trama empresarial corrupta liderada por Correa, que dio por buena jurídicamente la increíble hipótesis de que no había relación entre los regalos de quienes aspiraban a contratar con la Administración valenciana y la condición de Camps como máxima autoridad de esa Administración. Y ha sucedido ahora con la no menos chocante decisión de negarse a investigar los indicios que apuntan a una financiación irregular del PP valenciano por parte de constructoras relacionadas con Orange Market, la empresa de la trama Gürtel con la que operaba Álvaro Pérez, El Bigotes, en la Comunidad Valenciana.

El Tribunal Supremo puede todavía enmendar el archivo de la causa contra Camps. Mientras, la Fiscalía Anticorrupción debe darse prisa en rectificar su estrategia procesal en el caso, sacando las consecuencias del error de bulto de no haber recusado a De la Rúa. El tribunal presidido por el amigo de Camps hizo el resto: circunscribió la causa por los trajes a un delito de cohecho impropio, facilitando que no se investigara la relación de esos trajes con las empresas de Correa. Y ésa ha sido ahora la excusa jurídica alegada para negarse a investigar los indicios de financiación irregular: tales indicios nada tienen que ver con la causa por cohecho impropio ya archivada. Así, sin más; como si no fuera deber de un tribunal perseguir el delito y encausar y juzgar a sus autores.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de septiembre de 2009