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El caso Millet

Las hijas de los 'saqueadores del Palau' se resisten a irse de la entidad

La dirección estudia despedir a Gemma Montull, investigada por la justicia

Las familias Millet y Montull se resisten a abandonar el Palau de la Música. Clara y Laila Millet, hijas del ex presidente de la Fundació Orfeó Català, y Gemma Montull, hija del ex director administrativo, aún mantienen sus cargos en la institución. Sobre esta última, además, pesa una querella de la fiscalía por el desvío de fondos de la fundación hasta cuentas privadas, que la auditoría estima en más de 10 millones de euros.

La marcha que se antoja más factible, aunque también más complicada, es la de Montull. La todavía directora financiera de la fundación permanece de baja laboral por enfermedad común desde el 1 de septiembre. La dirección estudia cómo despedirla, pero no quiere hacerlo a cualquier precio. Según estas fuentes, los gestores del Palau no están dispuestos a admitir un despido improcedente y abonar una indemnización voluminosa. El despido será disciplinario, añaden, y por ello se están reuniendo todas las pruebas que lo justifican, con independencia de la querella de la fiscalía.

A pesar de la confesión de Millet, Clara y Laila no han dejado el patronato. Pero la dirección no tiene facultades para destituirlas. Según estas fuentes, deberá ser el patronato, en una de las dos reuniones que celebrará este año, el que proponga y apruebe su cesión si no renuncian. Y para ello, los gestores deberán buscar apoyos entre los patronos.

Las nuevas revelaciones sobre el caso obligaron ayer a todos los partidos a tomar cartas en el asunto, pero ninguno concretó qué medidas piensa tomar en el futuro para evitar que se repita un caso parecido. Los dos grandes partidos, CiU y el PSC, tampoco fueron capaces de valorar qué ha fallado durante sus años de gestión en el Gobierno. Y tampoco demostraron mucho interés en averiguarlo.Nacionalistas y socialistas, así como el PP y ERC, rechazaron abrir una comisión de investigación en el Parlament con el argumento de que no debe hacerse un juicio paralelo en la Cámara catalana. Sólo ICV dijo que estaría a favor de crear una comisión.

Los nacionalistas, además, tuvieron que justificar por qué el Gobierno de Jordi Pujol, con Artur Mas como conseller en cap, no hizo nada para atajar la corrupción del Palau de la Música pese a que la Sindicatura de Cuentas ya alertó en 2002 de la excesiva acumulación de cargos de Fèlix Millet en el Palau. El informe, según reveló ayer el síndico mayor, Joan Colom, fue enviado a los consejeros de Cultura y Economía de la época (Jordi Vilajoana y Francesc Homs, respectivamente) para alertarlos de lo sucedido. Vilajoana, dijo no recordar el informe y lanzó responsabilidades sobre una tercera persona, la entonces consejera de Justicia, Núria de Gispert. Ésta, consultada por EL PAÍS negó tajantemente haber visto el documento. "Me acordaría, seguro que no lo recibí". El otro aludido por Colom, Francesc Homs, no quiso hacer declaraciones.

El informe de la Sindicatura, publicado en 2002, está al alcance de cualquier ciudadano en la web del organismo. El presidente Montilla reconoció ayer que debe mejorar el control público.

La confesión de Millet indignó hasta tal punto a los gestores de las entidades culturales que ayer consensuaron un documento en el que desmienten "rotundamente que sea una práctica habitual en el sector pagar en negro a intérpretes o intermediarios". Firman la carta los responsables del Liceo, el Auditori, el TNC, el Mercat de les Flors, el Macba, el MNAC y los centros de artes escénicas de Reus y Terrassa. Sus remuneraciones como directivos, afirman, "son aprobadas por los respectivos órganos de gobierno y son cifras razonables", por debajo de los que se paga en la privada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de septiembre de 2009