Autonomía del agua
El de Castilla-La Mancha será el séptimo estatuto de autonomía en ser reformado si el PP acepta la propuesta del Gobierno regional del socialista José María Barreda para desbloquear su tramitación, estancada a cuenta del problema de los trasvases. El artículo más conflictivo del proyecto enviado al Congreso por las Cortes de Castilla-La Mancha establece que las instituciones centrales y de la comunidad velarán para que el agua trasvasada desde el Tajo al Segura vaya reduciéndose paulatinamente hasta su total extinción en 2015. Ese planteamiento supone atribuir a un estatuto competencia para regular algo que afecta a varias comunidades, en contra del criterio general establecido en la Constitución. Sin embargo, era una base esencial del consenso alcanzado entre el PP y el PSOE en torno al nuevo proyecto.
La propuesta del Gobierno regional consiste en eliminar esa referencia temporal, manteniendo sin embargo el principio de que los trasvases estarán condicionados por la garantía de suministro presente y futuro de la comunidad castellano-manchega. Los socialistas se acogen al precedente sentado por el nuevo Estatuto de Aragón. Es posible que esta iniciativa de Barreda permita a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, salir del laberinto en que se había metido: al convertirse en número dos del PP nacional, tuvo que respaldar la posición contraria a la que defendía mientras presidía el partido en Castilla-La Mancha.
Si hubiera acuerdo, como sería deseable, se rectificaría la tendencia a condicionar desde los estatutos competencias estatales; pero a la vez se rompería un estilo populista de hacer política en el que fue maestro el anterior presidente de la región, José Bono: fundar la identificación popular con el Gobierno regional en las divergencias con otras comunidades o con el Gobierno central sobre asuntos como el trazado de una autovía o una línea ferroviaria; o el trasvase de agua del Tajo al Segura.
