Valorar al profesor
La penosa situación de muchos profesores de enseñanza secundaria, desprovistos de medios y de autoridad para mantener el orden en sus clases, no es un hecho menor cuya consideración pueda liquidarse como una simple cortina de humo para ocultar problemas mayores. Es un síntoma de que algo funciona mal en la escuela y, al tiempo, uno de los factores que contribuyen al bajo rendimiento general de los estudiantes.
El problema no tiene únicamente que ver con la organización interna de la escuela. Sus raíces hay que buscarlas en la pérdida de prestigio social de los profesores. Si los menores perciben en sus casas el menosprecio por los docentes, no es de extrañar que se muestren indisciplinados y renuentes a seguir sus instrucciones. Si la intervención de las familias en los casos de conflicto escolar contribuye a debilitar todavía más la posición de los docentes, entonces no puede esperarse de los menores que tengan un comportamiento más responsable. No se trata de volver a las épocas superadas de los castigos corporales o de las imposiciones despóticas en la escuela, pero no vendría mal recuperar el convencimiento por parte de las familias de que el trabajo de los docentes es esencial para el futuro de los escolares.
Las medidas que empiezan a tomar algunas Comunidades Autónomas, en el sentido de considerar autoridad pública a algunos profesores, pueden tener algún efecto positivo pero inciden sólo en uno de sus aspectos, quizá el menos importante. El problema del deterioro de la figura del profesor es de suficiente gravedad como para requerir una acción concertada de los poderes públicos, tanto en lo que se refiere a las distintas competencias territoriales como a los distintos ámbitos en los que es preciso actuar, hacia el interior de la escuela pero también hacia las familias y la sociedad en su conjunto, y no sólo inscribiendo formalmente en la ley una mejor protección legal contra las agresiones.
