El desconcierto

Zapatero ha empezado el curso político anunciando que aumentará los impuestos a las rentas del capital y difundiendo una entrañable fotografía de una reunión con sus tres vicepresidentes, para pedirles más iniciativa y mayor presencia pública.

Es normal que en los malos momentos la izquierda se refugie en la bandera de lo social, de la misma manera que la derecha se protege con la bandera de la patria. Lo que ya no es tan normal es que Zapatero anuncie con la boca pequeña una subida de tasas, que se presume que va a afectar a las rentas más altas, como si tuviera que pedir perdón, hasta el punto de prometer simultáneamente un descenso del impuesto de sociedades. La crisis ha aumentado el gasto del Estado espectacularmente y alguien tiene que pagarlo. Ninguna vergüenza debería sentir Zapatero por pedir un pequeño esfuerzo a quienes consiguen respetables plusvalías con sus rentas. Es lo mínimo que se puede esperar de un gobernante de izquierdas para encarrilar los desequilibrios generados por una crisis que no provocaron precisamente los 3.629.000 parados que la sufren más que nadie. No podemos olvidar, sin embargo, que el presidente Zapatero nos iluminó hace ya muchos años con un pensamiento memorable: bajar impuestos es de izquierdas. Toda la vida pensando que los impuestos son instrumentos para conseguir determinados fines políticos (y que es por los resultados que hay que juzgarlos) y Zapatero nos descubre que son un fin político en sí mismo. Así se comprende mejor el compungido sentimiento que expresaba su rostro al anunciar una hipotética subida.

Sobre la melancólica foto de familia presidencial, destaca un hecho: por una vez, sus protagonistas no ríen, como si la crisis hubiese quebrado el rictus de obligado cumplimiento que los asesores de comunicación exigen a todo profesional del poder. Empieza una temporada con el espacio político e institucional hecho unos zorros. O sea que hasta el optimismo antropológico del presidente tambalea. El desconcierto que reina en el PSOE se ha confirmado en un verano en que la mayoría de goles que le han marcado han sido en propia puerta. El disparate del subsidio de 420 euros aplicado selectivamente a algunos parados, es para nota. ¿Qué sentido tiene convertir una renta de inserción -que por definición debe ser universal- en un subsidio selectivo, restringido, por capricho del poder, a aquellos que se les acaba el paro el 1 de agosto? De la absurdidad de la idea surgió el estropicio de la gestión. A las pocas horas de ser anunciada, la buena noticia ya se había convertido en un desastre para el Gobierno porque la mayoría de los que se interesaban por esta ayuda no formaban parte del grupo elegido. Después vinieron las rectificaciones, las contradicciones entre ministros, hasta que la aritmética parlamentaria ha impuesto su ley. Por el camino se ha esfumado otra genialidad: los 400 euros de la campaña electoral han pasado a mejor vida. La sensación de improvisación cunde y el Gobierno afronta un año muy difícil con la autoridad muy mermada.

Enfrente, el PP practica la ley del mínimo esfuerzo. Se limita a coleccionar los regalos del Gobierno. Y una subida de impuestos es realmente un juguete atractivo para la oposición. Sin embargo, de un partido que aspira gobernar se espera algo más que demagogia. El único proyecto del PP es repetir que no aceptará ningún aumento de los impuestos y que hay que reducir drásticamente el gasto público. Que explique cómo lo va a hacer sin comprometer la política social, que siempre ha sido, a ojos del electorado, el punto débil de la derecha. En vez de proponer políticas alternativas, los populares atacan al Gobierno acusándole de organizar una verdadera conspiración política, jurídica y mediática contra ellos. Después de unos meses en que hemos comido y cenado caso Gürtel todos los días, una cosa está clara: existe una trama corrupta que ha crecido y se ha enriquecido en torno al PP y las instituciones que gobierna. El PP en vez de identificar los responsables y expulsarlos de su territorio se dedica a generar confusión. ¿Cuál es la obligación de un dirigente y un partido que aspiran a gobernar: aclarar los delitos que se hayan podido producir en sus áreas de poder o hacer todo lo posible para que nunca se sepa que ocurrió?

Con este panorama, es difícil pedir que los ciudadanos confíen en los gobernantes en una temporada que anuncia más paro, más conflictividad y más tensión con Cataluña. Hay que preguntarse si los partidos políticos están en condiciones de hacer la principal tarea que se les ha adjudicado: la selección de personal político adecuado para las responsabilidades de Gobierno. -