Ahora que nos las prometíamos tan felices...

El tripartito, la fórmula política que rige la Generalitat desde finales de 2003, alberga en su seno una contradicción estratégica de fondo: la fuerza mayor de la coalición, el PSC, pretende minimizar las tensiones Cataluña-España hasta diluirlas en esa arcadia federal siempre invocada y siempre igual de remota; por el contrario, se supone que el objetivo de Esquerra Republicana es agudizar la divergencia de intereses Cataluña-España, único modo de ir alimentando una futura mayoría social a favor de la independencia. Luego están los meandros tácticos, los factores personales y la gestión de los tiempos políticos; pero, al menos en teoría, las metas últimas de PSC y ERC son las apuntadas más arriba.

El tripartito creyó haberse librado del debate identitario tras la financiación y el debate regresa por el Constitucional

Siendo así, el desenlace digamos que aseado -a mediados del pasado julio- del estomagante serial de la financiación autonómica dibujaba un escenario especialmente propicio para el Partit dels Socialistes: la imagen de Rodríguez Zapatero remozada, los díscolos socios republicanos amansados, y cinco trimestres de legislatura aún por delante, para centrarlos en la agenda social y olvidarse de debates identitarios. Sin embargo, la alegría ha durado poco en la calle de Nicaragua: los pésimos augurios -divulgados sobre todo por EL PAÍS- acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto han vuelto a poner al Gobierno que preside José Montilla en el ojo del huracán.

Lo primero que ha chirriado ha sido la bisagra invisible -pero muy castigada ya por el asunto de la financiación- que, dentro del PSC, mantiene unidos al sector más catalanista y al más españolista. Resultó sintomático que, en sendas entrevistas periodísticas publicadas el mismo domingo de agosto, el consejero Antoni Castells subrayase "las hipotecas que tiene a veces la vinculación del PSC con el PSOE", mientras el viceprimer secretario Miquel Iceta enfatizaba que "cuando el PSC es PSOE obtiene mejores resultados". No ha sido menos llamativa la virulenta descalificación lanzada por el diputado Joan Ferran, el cancerbero de la ortodoxia estatalista, contra las tesis del consejero Ernest Maragall, expresadas aquí mismo el pasado día 25, reivindicando la plena soberanía del PSC y la aplicación íntegra del Estatuto, al margen de sentencia alguna.

Con todo, es en la cúpula de Esquerra donde la espada de Damocles del alto tribunal ha generado mayor desconcierto y confusión. Tal vez debiera haber causado regocijo, pues un fallo muy adverso haría crecer sin duda el independentismo. Pero todas las familias del actual establishment republicano apostaban por agotar plácidamente la legislatura y, si la aritmética parlamentaria lo permite, formar en 2010 un tercer tripartito; unos planes que, de cumplirse los peores presagios sobre la postura del Constitucional, resultarían poco viables.

En efecto, aunque en las últimas semanas haya cundido la teoría según la cual, ante una sentencia desfavorable, cabría ignorarla y seguir aplicando los preceptos anulados, es evidente que, si el Tribunal Constitucional suprime el término nación y la obligatoriedad de conocer el catalán, entonces la arquitectura estatutaria se derrumba, buena parte de las leyes derivadas carecen de base y -por ejemplo- las impugnaciones contra la política lingüística pasan de goteo a avalancha. ¿Podría Esquerra permanecer impávida en medio de ese eventual escenario, y seguir sosteniendo como si nada a un presidente Montilla a quien el PSOE ya ha prescrito sosiego y acatamiento estricto de la sentencia, sea ésta cual fuere? ¿Podría hacerlo bajo la interesada presión de Convergència, entre plataformas soberanistas en ebullición y con las urnas casi a la vista?

El tripartito creyó haberse desembarazado del debate identitario por la puerta del acuerdo de financiación, y el debate ha regresado por la ventana del Constitucional.