Fuga anunciada

La fuga más anunciada se ha producido: la de la etarra Maite Aranalde, entregada hace ocho días por Francia, tras cumplir condena en ese país, y puesta en libertad bajo fianza por la justicia española por un problema burocrático. Son cosas que pueden ocurrir, pero que no deberían ocurrir: tendrían que existir mecanismos para subsanar con rapidez ese tipo de errores, al menos cuando tienen que ver con procedimientos por terrorismo.

Aranalde está acusada de formar parte del comando que colocó una serie de bombas en gasolineras cercanas a Madrid en la salida del puente de la Inmaculada, en diciembre de 2004. Meses después fue detenida en Francia en posesión de explosivos. Juzgada allí por asociación de malhechores (o sea, por pertenencia a ETA), cumplió condena, y hace una semana fue entregada a España para ser juzgada por los otros delitos: posesión de explosivos y estragos terroristas. Pero la documentación de la entrega no incluía referencia a este segundo delito, aparentemente por descuido o extravío. El juez de la Audiencia Nacional que cubría la vacante por vacaciones de Garzón decretó prisión preventiva eludible mediante fianza (12.000 euros) por considerar que el primero de los dos delitos no era suficiente para decidir medidas más duras (prisión incondicional), dado que uno de los miembros del comando de Aranalde había sido absuelto de ese delito; pagada la fianza, la etarra quedó en libertad.

Sin embargo, que no era una decisión inevitable es lo que parece deducirse de la resolución de Garzón (una vez reincorporado a su juzgado) de atender la petición de la fiscalía de ordenar el ingreso en prisión por estimar que el delito de posesión de explosivos era suficientemente grave por sí mismo. Pero cuando la policía fue ayer a buscarla, había volado. Es evidente que no sólo falló la burocracia francesa.

El reciente descubrimiento de 13 depósitos de armas de ETA diseminados por el territorio francés ha venido a subrayar que el terrorismo etarra no es sólo un problema español: Francia colabora en combatir a una banda que actúa intensamente en su territorio; es su propio interés el que defiende al hacerlo, y así parecen haberlo comprendido las autoridades vecinas. Ha habido un fallo humano. No sería lógico ir más allá de lamentarlo; pero sí establecer un procedimiento para que en este tipo de supuestos sea posible rectificar antes de que sea demasiado tarde.