Montilla insta a Zapatero a cumplir el Estatuto al margen del Constitucional

Se acabó la cacofonía veraniega del Gobierno catalán. Ayer, el presidente de la Generalitat, José Montilla, consiguió imponer a su gabinete su discurso y estrategia ante un eventual recorte estatutario por parte del Tribunal Constitucional. Como de eventualidades se trata, ya tendrá tiempo el tripartito de izquierdas de buscar una fórmula para contestar una sentencia en contra del Estatuto. Pero dos cosas están claras. La primera, que Montilla buscará la complicidad de todos los líderes políticos catalanes para que la respuesta sea unitaria. Y la segunda, que el Gobierno catalán no piensa, en absoluto, frenar el despliegue estatutario digan lo que digan los magistrados del Constitucional.

La ley de senadores cierra el despliegue institucional del texto catalán

El Estatuto, además de una ley orgánica, es un "pacto político entre el Gobierno catalán y el Estado" y, como tal, debe cumplirse, recordó ayer el número tres gubernamental, Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya. Si el fallo del tribunal afectara a puntos "importantes" del articulado obligaría a rehacer ese pacto político, es decir, "la ubicación de Cataluña dentro del Estado".

¿Suponen esas palabras todo un desafío soberanista? En absoluto. Saura lo aclaró después. La declaración del Gobierno catalán significa, en la práctica, un aviso para el Ejecutivo central, comandado por José Luis Rodríguez Zapatero. Y la solución la apuntó también el dirigente ecosocialista. Pase lo que pase con la sentencia existen otras fórmulas legales, jurídicas y absolutamente constitucionales para hacer cumplir ese pacto y, con ello, sortear un posible fallo adverso del tribunal.

Por ejemplo, si el Constitucional dictamina que una competencia en particular es exclusiva del Estado y no puede traspasarse a la Generalitat, se aplicará el artículo 150.2 de la Constitución que prevé esa transferencia. Ya lo empleó el Gobierno de José María Aznar para transferir a los Mossos d'Esquadra la competencia sobre tráfico.

Otro ejemplo. Si los magistrados deciden que la constitucionalidad de un artículo requiere la reforma de una ley orgánica estatal, la Generalitat instará a su modificación. "Seremos contundentes en la aplicación del Estatuto", abundó Saura. En otras palabras: tirar millas, que es lo mismo que propuso ayer, en estas páginas, el consejero de Educación catalán, Ernest Maragall. Ayer, el Gobierno aprobó la nueva ley para la designación de senadores autonómicos que completa la "arquitectura" institucional estatutaria.

El Gobierno catalán, por tanto, considera que el Estatuto va más allá de una simple aprobación parlamentaria y supone un acuerdo político entre una comunidad autónoma y el Estado. No sólo fue aprobado por el Parlamento y las Cortes, sino también en referéndum. Y como tal, deberá ser el Gobierno central quien se encargue de hacer cumplir ese pacto.

Lo que no aclaró Saura es qué sucederá si el Constitucional tumba partes de carácter identitario, como, por ejemplo, el término nación que figura en el preámbulo o su uso para calificar el himno y la bandera de Cataluña como "nacionales". El tripartito catalán no quiere adelantar acontecimientos y ya intentará articular una estrategia.

Con su comparecencia ante los medios de comunicación, Saura consiguió acallar el culebrón político veraniego en Cataluña, después de que el vicepresidente, el republicano Josep Lluis Carod, apostara por una movilización ciudadana como medida de presión al Constitucional. Una propuesta que no contó ni con el beneplácito del Ejecutivo catalán ni de su propio partido, Esquerra Republicana.

Pero el mensaje lanzado ayer por la Generalitat también consigue, de momento, contentar y acallar a los independentistas de Esquerra, a quienes gusta todo ese lenguaje desafiante de "pacto político" y de reformular la "ubicación de Cataluña en el Estado". Aunque en su día clamaran por el no al Estatuto, ahora quieren estar en el núcleo de la toma de decisiones para consensuar la respuesta a una sentencia adversa. No sólo se trata de defender el Estatuto sino también de prepararse para las elecciones autonómicas, en otoño de 2010, que tiñen hoy en día cualquier movimiento de los partidos catalanes.