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Las deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña

El Constitucional encalla en dos aspectos clave del Estatuto catalán

La mayoría, contraria al término nación y al deber de conocer la lengua catalana

El Tribunal Constitucional está "tremendamente dividido" en torno a algunos de los aspectos clave del Estatuto de Cataluña, hasta el punto de que el Ejecutivo empieza a temerse una sentencia de inconstitucionalidad en dos de ellos: el alcance del término nación y la obligatoriedad de conocer el catalán. El enfrentamiento entre los dos sectores de magistrados se extiende también a los "derechos históricos" y a los "símbolos nacionales". Sobre algunos de los principales preceptos del Título Preliminar y después de tres intentos, las posiciones conservadoras no se han movido.

La magistrada ponente de la sentencia principal, Elisa Pérez Vera, se fue a finales de julio con más de un millar de folios bajo el brazo plagados de anotaciones para rehacer su proyecto de sentencia. Lleva ya tres lecturas y no consigue alcanzar el quórum necesario para que el recurso del Partido Popular sea replicado con una sentencia presentable. El ideal de una sentencia presentable sería una votación favorable por 8-2 o 7-3, pero a estas alturas incluso un 6-4 ya se consideraría admisible. La realidad es que a finales de julio no había votos suficientes para sacar adelante las cuestiones que enfrentan a los magistrados.

El enfrentamiento se extiende a los derechos históricos y los símbolos

Después de tres intentos, las posiciones no se han movido

El alto tribunal reanudará los debates a partir del 7 de septiembre

El problema de fondo es volver a diseñar el Estado de las Autonomías

En el último pleno, la ponente principal presentó su tercer proyecto con las anotaciones incorporadas de las dos lecturas anteriores. Pérez Vera cumplió su cometido, pero el Tribunal seguía "tremendamente dividido", según las fuentes consultadas. No sólo se encontró con la oposición frontal del núcleo conservador, a saber, Guillermo Jiménez, Javier Delgado, Vicente Conde, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez Zapata, sino que alguno de los progresistas, singularmente Manuel Aragón, puso más que pegas a la redacción del texto.

En concreto, respecto a la solución habilitada sobre el término nación, el principal caballo de batalla entre los dos bloques de magistrados, y sobre "el deber" de conocer el catalán por todos los ciudadanos de Cataluña. Dos de los aspectos donde las posiciones, por ahora, son irreconciliables. El enfrentamiento se extiende también a los "derechos históricos" y a los "símbolos nacionales". Sobre esos preceptos del Título Preliminar y después de tres intentos, las posiciones no se han movido.

Según las fuentes consultadas, los desacuerdos también se extienden a algunas de las competencias, a aspectos de la financiación y a determinados elementos técnicos competenciales. En algunos casos se podría acabar alcanzando el consenso, al que no se llega por el desacuerdo general en los aspectos clave.

En materia de justicia, por ejemplo, la regulación del Consejo de Justicia de Cataluña -que el Partido Popular y el Defensor del Pueblo impugnan por ser "órgano de gobierno" del Poder Judicial en Cataluña y "órgano desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial, además de por sus atribuciones- debería haberse regulado, con carácter general, en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero se ha empezado la casa por el tejado y el resultado es que el patrón que se apruebe para Cataluña será el que copiarán las demás autonomías. De ahí que se tenga que aquilatar al máximo el modelo que servirá para el resto.

El problema de fondo, según sostienen fuentes favorables a la constitucionalidad del Estatuto, es que hay que volver a diseñar el Estado de las autonomías, pues lo contrario supondría un retroceso de 30 años en el desarrollo del Estado constitucional. Y lo que en el Estatuto unos consideran "integrador", otros lo ven "separador". No sólo porque Federico Trillo, el mentor del recurso dentro del Partido Popular, diga que todo es inconstitucional, sino porque algunos magistrados están "obsesionados" con ese efecto "separador" de la unidad de España.

Sin embargo, el Estado de las Autonomías está en la Constitución, y a favor del Estatuto juega también, según las citadas fuentes, la presunción de constitucionalidad de una ley aprobada democráticamente. El Estatuto fue una ley enviada por el Parlamento de Cataluña y aprobada por las Cortes Generales. Una ley que fue "pulida y cepillada" por la Comisión Constitucional del Congreso, por personas tan poco sospechosas de veleidades nacionalistas como, entre otros, Alfonso Guerra. No se cumplió el "votaré lo que venga", del que se jactó el presidente Rodríguez Zapatero ante Pasqual Maragall. Se pulió todo el texto para que se pudiera votar.

En el pleno de finales de julio, el magistrado más conservador del Tribunal, Jorge Rodríguez Zapata, presentó también su ponencia al recurso del Defensor del Pueblo. Un texto mucho más escueto que el de Elisa Pérez Vera y plagado de tachas de inconstitucionalidad. El gesto de Rodríguez Zapata fue interpretado como un mensaje de que él había cumplido y lo demás dependía de Pérez Vera. Lógicamente, su ponencia ni se estudió ni se sometió a la consideración del Pleno, dado que su sentencia tiene que estar subordinada a la principal, la del recurso del PP.

Los magistrados se despidieron felices en julio por tener todo el mes de agosto por delante para relajar las ideas y recargar las pilas. La presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, no puso deberes y al final no cumplió su amenaza de habilitar el mes de agosto, con la esperanza de que todos vuelvan más frescos en septiembre.

Durante este mes, el Tribunal ha mantenido su Sala de Vacaciones, integrada este verano por la presidenta María Emilia Casas; el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y el magistrado Ramón Rodríguez Arribas. Pero este tipo de salas sólo se ocupan de los asuntos urgentes. Hasta septiembre, nada del Estatuto, aunque algunos magistrados hayan seguido trabajando a título particular.

Y así están las cosas para septiembre. Como los malos estudiantes, el Tribunal, que suspendió en julio el examen del Estatuto, tendrá que presentarse a la repesca a partir del 7 de septiembre. Es la primera "semana jurisdiccional" del Tribunal Constitucional a la vuelta de las vacaciones, y los magistrados volverán a reunirse en pleno para reanudar las deliberaciones.

¿Es definitiva esta situación de bloqueo? Dependerá en buena parte de lo que se consiga con las rectificaciones que se hagan al texto, pero en cualquier caso está difícil. Los defensores de la constitucionalidad quieren creer en que a última hora pueda producirse un corrimiento de voto para salvar los aspectos principales, "los que le llegan a la gente".

Por ejemplo, una declaración de inconstitucionalidad de la exclusividad en las funciones del Sindic de Greuges -el Defensor del Pueblo catalán- o del régimen de veguerías -que sustituyen a las diputaciones- podría ser asumible por los nacionalistas sin grandes descalabros, pero no así los aspectos que durante tres años han sido el principal caballo de batalla entre defensores y críticos del Estatuto catalán.

Una tercera vía, apuntada en algunos círculos, de que el Tribunal Constitucional fuese renovado antes de dictarse la sentencia para intentar superar los desacuerdos parece absolutamente descartada, sobre todo porque la renovación depende del PP y éste está más cerca que nunca de rentabilizar su recurso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de agosto de 2009